Aunque muchos escépticos con razón piensan que nada pasará en este país en relación con el escándalo de corrupción de la constructora ODEBRECHT; es indiscutible que la publicación de la declaración de que se pagaron 92 millones de dólares en sobornos en la República Dominicana ha cambiado la actitud arrogante de las autoridades, otrora tan poco abiertas con este tema.
La reciente emisión de un decreto del presidente Medina designando una comisión para “la investigación de todo lo concerniente al proceso de licitación y adjudicación de la obra Central Hidroeléctrica Punta Catalina” es una prueba de esto, pues todos los designados, salvo uno, eran actores, expertos o testigos convocados para la discusión del Pacto para la Reforma del Sector Eléctrico, y sin embargo en el marco de las largas y poco productivas discusiones de dicho Pacto, no pudo discutirse de forma abierta y transparente este tema tabú, a pesar de los reclamos de distintos sectores, ni pudieron obtenerse los documentos e informaciones del proceso de licitación, que ahora, luego de la revelación del dato de los sobornos, podrán no solo obtener sino que deberán emitir un informe sobre dicho proceso.
Todos conocemos el historial de las comisiones en este país, es la mejor forma para acallar un problema y que no tenga solución, o que la que emane sea la que se prefiere. Pero al parecer el susto y la prisa hicieron olvidar a nuestras autoridades que no se trata de un asunto ordinario, esta es una investigación judicial internacional que ha obligado a nuestras autoridades judiciales a abrir un reciente proceso de investigación y que, por tanto, si se tienen reservas sobre la imparcialidad e independencia con que actuará el Procurador General de la República por ser un funcionario designado por el Poder Ejecutivo, con mucha mayor razón resulta cuestionable que el propio presidente designe una comisión para investigar un caso que está en las instancias judiciales, aunque se diga que esa investigación no interferirá con la llevada a cabo por la Procuraduría; cuando no tiene facultades constitucionales para ello.
Esta comisión, cuyos miembros no fueron consultados previo a su designación como indica la misiva dirigida a los mismos por el presidente Medina, estará en una delicada situación desde distintos puntos de vista, porque lo que informe de una manera u otra incidirá sobre la suerte del caso más sonoro de corrupción que ha habido en el país y otros en Latinoamérica en muchos años, lo que la hará cargar con un fardo muy pesado frente a la opinión pública; porque tiene un muy limitado radio de acción y pocas herramientas para determinar si la adjudicación de la inversión más importante realizada en el país en los últimos años fue totalmente legítima, pues poco importará que se hayan cumplido los procedimientos o requisitos establecidos, quizás a la medida, si la decisión estuvo bajo la sombra de los 92 millones de dólares dados como sobornos entre los años 2001 al 2014.
Aunque todos sabemos lo muy hábiles que son nuestras autoridades creando estrategias de “comunicación”, en esta ocasión podrían haber errado el tiro y no se puede descartar que los designados ante los cuestionamientos sobre la legalidad del decreto y sus supuestos conflictos de intereses, se animen a declinar.
La suerte del caso ODEBRECHT y su proyecto más importante en el país, las plantas de Punta Catalina, no es un juego y no debería estar en manos de una comisión que por mejor voluntad que tenga ni tiene las facultades ni los medios para hacer esta investigación, pero tampoco las garantías y protecciones para actuar con independencia sin consecuencias de que gozan los funcionarios judiciales, así sea solo en la letra de la ley.
