Es frecuente que cuando en determinado asunto de gran importancia está ausente la información, su lugar lo ocupa la desinformación con su carga perniciosa en todos los sentidos. Es casi un axioma.Resulta igual que en la guerra. Siempre hemos sabido que en una guerra la primera baja es la verdad.
En el caso de las investigaciones que el Ministerio Público lleva a cabo en torno al laborantismo delictivo de la constructora Odebrecht, la falta de información ha dejado espacio a la desinformación, y ésta, a su vez, a la manipulación y al deseo de dañar.
Como suele ocurrir en estos casos, cada cabeza es un mundo, y en ese mundo caben todas las travesuras en perjuicio de destinatarios preseleccionados con segundas intenciones.
Todo este trance se ha debido a un mal manejo inicial del caso por parte del procurador general de la República, a quien algunos atribuyen falta de pericia para el abordaje de un expediente que apunta a un impacto tremendo en términos más político que jurídico.
No creo que el doctor Jean Alain Rodríguez carezca del “expertise” que se requiere para enfrentar este expediente, pues en la Procuraduría General de la República prestan sus servicios una batería de dinosaurios del Derecho que le aportan años de experiencia.
Sin embargo, el traspiés que dio la Procuraduría con el primer acuerdo de homologación con Odebrecht, el cual fue devuelto por el juez José Alejandro Vargas debido a vicios de procedimiento, puso en evidencia serias debilidades del Ministerio Público, las que fueron superadas en la segunda versión.
Pero esto no es lo más preocupante, sino el hecho de que debido al manejo defectuoso de la información el Ministerio Público haya dejado que un tema tan delicado sea parte de las especulaciones con la filtración de nombres, reales o supuestos, implicados en la trama de sobornos de la constructora brasileña.
El problema tiene implicaciones más complicadas que la simple filtración. Va a suceder que si una o varias de las personas incluidas en las listas resultan que no figuraban en las mismas, la reacción natural de la calle será que fueron excluidas por conveniencias políticas y partidarias.
Y obviamente que el destinatario directo de las sospechas serán el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana, sobre los que han caído todos los demonios, a pesar de que las acciones de los posibles implicados son personales y no colectivas.
En conclusión: creo que el procurador Rodríguez debió tener un manejo más adecuado del caso para evitar la ola de especulaciones y desinformación que podrían afectar sensiblemente el fondo del proceso. Lo que queremos es que quienes disfrutaron la fiesta paguen la cuenta.
