Este es apenas el inicio en el camino que deberá conducir a que se haga justicia en el caso de Odebrecht. La solicitud del Ministerio Público y la decisión del juez de la instrucción de establecer medidas de coerción a los imputados en el caso de los sobornos pagados por la constructora brasileña, es solo la primera fase de un largo proceso judicial. Se espera que este caso sea conocido en un juicio de fondo y que se establezcan responsabilidades. La ciudadanía tiene la expectativa de que por primera vez en la historia política del país, aquellos que han incurrido en prácticas corruptas sean ejemplarmente sancionados.
Este es apenas el inicio para hacer realidad el fin de la impunidad en el país, después de décadas de corrupción sin consecuencias. La política anticorrupción no puede ser solo la de establecer medidas que mejoren la transparencia; esta supone además, la creación de condiciones para que el sistema de justicia funcione sin ningún tipo de presión política en la investigación y sanción de los actos corruptos. A partir del caso Odebrecht, ningún otro caso de corrupción puede quedar sin ser castigado. El Ministerio Público tiene la responsabilidad de profundizar y dar continuidad a las investigaciones referidas a otras denuncias de corrupción, como el caso de la compra de los aviones Súper Tucanos, del CEA, de CORDE y más recientemente, de las declaraciones juradas de patrimonio del exdirector de la Opret.
Este es apenas el inicio para que finalmente se promuevan los cambios profundos que requiere el sistema político y electoral. La opacidad en la relación dinero-política, permite crear las bases para prácticas corruptas desde el poder. El debate sobre la reforma del régimen electoral y la aprobación de una nueva ley de partidos, debe tener en cuenta temas esenciales como la reducción de los costos de las campañas electorales, la transparencia y rendición de cuentas sobre el financiamiento político, el establecimiento de topes y principalmente, el de prohibir el anonimato en las fuentes privadas que aportan dinero a la política.
Este es apenas el inicio para que los distintos actores contribuyan a fortalecer la institucionalidad democrática en el país. No es posible mantener a la República Dominicana con la precariedad institucional que le ha caracterizado en la actual etapa democrática. Es tiempo ya de superar el Estado patrimonial y clientelar, haciendo de esta una democracia que tenga como centro la calidad de vida de la gente y en donde funcionen los sistemas de frenos y contrapesos. Es necesario hacer de esta crisis una oportunidad para el cambio.
