Una de las recomendaciones de la comisión que investigó el proceso de licitación de las plantas de Punta Catalina fue la de llevar a cabo una reforma de la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. A partir del escándalo de Odebrecht, el contexto actual presenta una buena oportunidad para llevar a cabo esta reforma. Existe una alta sensibilidad social sobre la importancia de contar con procesos transparentes de compras públicas, que impidan las prácticas fraudulentas en un área en la que se emplean tantos recursos del erario.
La ley de compras y contrataciones del 2006 fue un paso de avance para establecer las condiciones que eliminaran las compras directas y redujeran la opacidad en las compras públicas. Sin embargo, este fue un paso inicial e inconcluso, pues a más de 10 años de aplicación de esta legislación, queda claro que lo que existe no es suficiente, por lo que se requiere evaluar y modificar el marco jurídico. Es necesario además, aprovechar la presencia de servidores públicos en puestos claves para el área, que cuentan con la capacidad, integridad y credibilidad para liderar un proceso profundo de cambios en el ámbito de las contrataciones del Estado.
La legislación vigente en esta materia no es suficiente para la promoción de procesos de compras que sean eficientes, transparentes, equitativos y que estén debidamente fiscalizados. Una nueva ley deberá conducir a la institucionalización de las buenas prácticas desarrolladas en el área durante los últimos años, en materia de publicidad de los procesos, inclusión de mujeres y grupos con discapacidad, participación de las microempresa e integración de las TIC en los procesos de compras y contrataciones públicas. Es esencial a su vez contar con un régimen de sanciones que castigue de manera ejemplar las violaciones a la ley.
En las compras y contrataciones del Estado se deberá contar con una ley de derecho público, que fortalezca la Dirección General de Contrataciones Públicas, dotándola de una mayor autonomía funcional y presupuestaria. De esta forma será posible disponer de un órgano rector con mayor alcance, más amplias competencias y con un poder real para la fiscalización de las contrataciones públicas. La nueva legislación deberá regular la relación entre contratistas y políticos, prohibiendo la financiación de campaña de personas que estén ejecutando algún contrato con el Estado. El tema de la transparencia en las compras públicas es esencial, por lo que se deberán consolidar las prácticas de compras abiertas, fortaleciendo el Portal Transaccional y promoviendo una mayor participación social a través de las veedurías ciudadanas.
