Una de las decisiones más difíciles es escoger bien a alguien ya sea para desempeñar una función, para realizar una obra o para compartir una vida, y esta dificultad se acrecienta si la escogencia que se hace tiene una repercusión colectiva, como es el caso de los órganos que están llamados constitucionalmente a elegir en nombre de todos los ciudadanos quiénes ocuparán determinados cargos públicos de alta relevancia.
Esta posibilidad de escoger bien se minimiza si lo que se persigue, sobre todo en una selección de personas para ocupar funciones públicas, es seleccionar no a los más idóneos, sino a los que sean más afines a los intereses dominantes, menos independientes o más dóciles como podría suceder con la elección de jueces de las Altas Cortes que deberá hacer próximamente el Consejo Nacional de la Magistratura.
El presidente de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura tiene ante sí un enorme reto, por una parte estará tentado de hacer lo mismo que hizo su antecesor en el 2011 colocando jueces que le sean devotos y que le otorguen mayores niveles de tranquilidad ante el enturbiado clima existente a causa de los escándalos de corrupción y, por la otra, debería ponderar que su predecesor carga con la culpa de haber desmoronado el sistema judicial que él mismo en su primer mandato reformó y que ninguna actuación de ese sistema tendrá credibilidad suficiente para culpar o exculpar a alguien si se continúa debilitando a través del control político.
Nuestra ciudadanía tiene profundos niveles de desconfianza en sus instituciones y en el sistema judicial y esto es grave, pues cuando se pierde la fe en el sistema generalmente afloran soluciones aberrantes como creer que se puede tomar la justicia en sus manos como ha venido sucediendo preocupantemente en el país o que la respuesta debe ser algún líder populista que profese una visión anti-sistema como atractivo.
Los jueces hablan por sentencias y tanto los que serían candidatos naturales a suceder las vacantes a ser dejadas por jueces de carrera en la Suprema Corte de Justicia como los que deben ser reemplazados o confirmados en el Tribunal Superior Electoral, a través de sus fallos han dejado trazada una trayectoria que debe ser no solo objeto de evaluación y valoración, sino de objeción por la sociedad.
Siempre es difícil saber si alguien podrá desempeñar satisfactoriamente una posición por más buena que sea su preparación académica o positiva la entrevista que haya dado, pues hasta que no se ejercen las funciones y las acciones ponen a prueba a la persona, no se sabe si la escogencia fue la correcta.
Ahora bien, lo que sí es fácil saber es quiénes no deben desempeñar una función, porque su historial en la misma, en caso de que se trate de evaluar a alguien para una posible reelección, o su historial en posiciones similares, o en la vida profesional y académica, deja claro que no deben estar entre los escogidos porque han dado muestras de venalidad, irresponsabilidad, incapacidad, parcialidad.
Por eso la sociedad debe dejar claro a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que no estarán solos, pues participará formulando las objeciones que juzgue necesarias, exigiendo las debidas garantías de confidencialidad, así como las propuestas que entienda convenientes. Y debe exigir que durante el proceso se conozcan públicamente todos los candidatos a ser tomados en consideración, pasando por distintos niveles de selección de finalistas en los que vayan siendo dejados fuera aquellos en cuya contra pesen objeciones fundamentadas, para que al final la selección sea, sino la idónea, al menos la más satisfactoria posible por el bien del sistema judicial, de la democracia, del país, y del mismo presidente, aunque algunos de sus colaboradores no lo piensen así.
