La Comisión Bilateral del Congreso Nacional encargada de estudiar el proyecto de ley de partidos políticos y la reforma a la ley electoral, ha avanzado en la discusión, llegando a acuerdos en puntos relevantes de estas iniciativas. Uno de estos puntos es el financiamiento de las campañas políticas. Este es un tema esencial, pues si no hay un cambio radical en la relación dinero-política, se continuará atentando contra el derecho de los ciudadanos a optar por un cargo de elección popular, pues solo aquellos que cuentan con recursos cuantiosos, pueden participar de la competencia electoral a lo interno de los partidos, como en las elecciones generales.
A las campañas costosas se le suma el ingrediente de la opacidad en el financiamiento político. Esto tiene como consecuencia la entrada de dinero ilícito en la política, buscando la protección de grupos vinculados al crimen organizado. Las campañas políticas realizadas sin rendición de cuentas se constituyen en el punto de partida para una relación Estado-sector privado caracterizada por el fraude y la corrupción. Por estas razones, se debe prestar especial atención al debate sobre la forma en que los partidos deberán ser financiados. Este aspecto ha encontrado mucha resistencia en un liderazgo político tradicional que ha evitado por todos los medios ser fiscalizado.
Esta semana la Comisión del Congreso avanzó en varios puntos relacionados con el financiamiento político. Uno de los acuerdos más importantes es el de obligar a los partidos y candidatos a hacer pública la lista de los donantes privados de las campañas. Hasta ahora la regla ha sido el anonimato de las fuentes de financiamiento, lo que se constituye en una barrera para la fiscalización y en un riesgo muy alto para la política y la gestión pública. La publicidad de la fuente y establecimiento de límites a los aportes individuales para las campañas, ayudarán a mejorar la calidad de la actividad política de manera significativa.
Los comisionados acordaron además que las campañas internas se realicen en lugares cerrados para evitar que los precandidatos hagan proselitismo a través de publicidad en medios o de movilización de masas. Esto contribuirá a reducir los costos de las precampañas. En otro orden, a cada organización política se le exigirá la presentación de un presupuesto anual y la elaboración de informes financieros periódicos, como requisito para optar por el financiamiento público. Este conjunto de medidas va en la dirección correcta. Faltarían los temas de regulación de los medios de comunicación, el alcance y distribución del financiamiento público y el establecimiento de sanciones a las organizaciones que violen estas disposiciones.
