La prevención, entendida como la definición y puesta en ejecución de políticas de transparencia por parte del Estado y la existencia de órganos de control independientes, son aspectos esenciales en la lucha contra la corrupción. Ahora bien, el compromiso con la transparencia es insuficiente si al mismo tiempo no se evidencia una voluntad real de investigar los casos de corrupción y de castigar ejemplarmente a sus responsables.
Prevención y castigo de los actos corruptos, van de la mano en los esfuerzos de construcción de una Administración Pública Transparente. En esta materia, la sanción, sin importar estatus, es el mejor mecanismo de prevención.
Una sociedad democrática puede llevar a cabo medidas que propicien el libre acceso a la información pública, la fiscalización del patrimonio de los funcionarios o la transparencia en las compras, pero aun así habrá servidores públicos y grupos privados que pretendan enriquecerse en base a los recursos del Estado y encuentren los mecanismos para lograrlo. Es en ese momento en el que se requiere de la existencia de un Ministerio Público lo suficientemente fuerte para llevar a cabo una investigación independiente y de un Poder Judicial en capacidad de conocer estos de casos de corrupción sin ningún tipo de presión política.
Uno de los graves males de la República Dominicana ha sido el diseño y consolidación de una arquitectura institucional que ha estado al servicio de la impunidad. Con órganos de control e instituciones judiciales sin autonomía y temerosos del poder político, no es posible sancionar a los corruptos. Las reformas constitucionales que se vienen haciendo en el país desde hace décadas y la integración de las Altas Cortes, ha servido, entre otras cosas, para blindar la corrupción. Hemos tenido grandes escándalos de corrupción sin que en el país haya pasado nada. El más reciente es el relacionado con el soborno pagado por la Odebrecht entre el 2001-2014.
Existe una gran desconfianza en que las instituciones dominicanas puedan llevar a cabo una investigación real en este escándalo y que las mismas sean capaces de establecer las sanciones correspondientes a los responsables. Mal harían las autoridades judiciales en recurrir nueva vez al acostumbrado archivo o al “No Ha Lugar”. Odebrecht es la gota que derramó la copa y debe constituirse en el punto de inflexión en la lucha contra la corrupción. No lo será si los dominicanos (as) permanecemos indiferentes. Ahora más que nunca se requiere de la participación activa de la ciudadanía, presionando para que cese la impunidad y demandando que las instituciones jueguen su rol en el combate de la corrupción.
