El involucramiento de autoridades del país en el esquema de corrupción Odebrecht ha tenido efectos devastadores para la confianza y la aceptación de la gestión del presidente Danilo Medina.
Acorralado ante la debacle de descreimiento venido cual tsunami, el oficialismo parece haber perdido el buen juicio, lo que puede acarrear graves consecuencias para el país.
¿Qué es el buen juicio político y qué importancia tiene en el manejo gubernamental? Isaiah Berlin, tenido como un importante filósofo del XX, lo definía como “esa comprensión especial de la vida pública que muestran los políticos exitosos (…) que sabían qué era lo que funcionaría y lo que no funcionaría y las interacciones y dependencias entre los componentes de tal o cual acto o decisión”.
Más específicamente, precisó Berlin, “…el don particular de usar su experiencia y la observación para adivinar con fortuna cómo resultarían las cosas…”.
El 10 de enero el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, señaló a la persona que recibió y distribuyó los US$92 millones pagados por la constructora brasileña como sobornos a funcionarios dominicanos para obtener la asignación de obras millonarias en el país.
A partir de ese momento el Gobierno perdió el buen juicio político y se embarcó en apuntar sus “investigaciones” hacia dirigentes de oposición, y a montar un supuesto acuerdo con Odebrecht que devino en burda e ilegal imitación de los arreglos alcanzados por Estados Unidos y Brasil.
De su parte el presidente Medina ha respondido airado ante el rebote local de informaciones con el nombre de República Dominicana y el de su gobierno en revelaciones hechas a las autoridades, o en documentos encontrados por la policía federal de Brasil a responsables de los delitos.
No es ningún dominicano quien debe imputar o probarle al presidente Medina que sus campañas electorales pudieron recibir fondos ilegales de Odebrecht.
Es el propio mandatario, recomienda el buen juicio, el que como estadista está en la obligación de probarle al país que sus vínculos con Joao Santana, Monica Moura, Marco Vasconcelos y otros relacionados con Odebrecht no contaminaron sus campañas ni perjudicaron al tesoro nacional.
Es muestra de mal juicio político que en medio de tan graves interrogantes que enfrenta a la opinión pública, el movimiento social y la oposición a su gobierno, el presidente Medina prosiga la costosa y saturante campaña política de endiosamiento a su figura.
Campaña que es, además, un grave proceso de desinstitucionalización que suplanta a muchas instituciones gubernamentales, pues ese afán de presentarlo al Presidente como el que todo lo hace y todo lo resuelve, además de su absoluto control de todos los poderes del Estado, dibujan una aberrante versión de la proclama ¡L’État, c’est moi!, ¡El Estado soy yo!, que se atribuía al rey francés Luis XIV en el siglo XVII.
Otra evidencia del mal juicio es embarcarse el Gobierno en un descontrolado despilfarro del dinero público contratando inútilmente asesores legales, consultores económicos, encuestadores e incremento del gasto público en desinformación a través de sus bocinas.
Esos expertos, los peloteros mejor pagados del batey que somos institucionalmente, llegan al colmo de presentar un acuerdo ilegal y disparatado por ante el juez José Alejandro Vargas; a proyectar que un alto porcentaje de quienes marcharon en contra de la corrupción y la impunidad han cambiado de opinión.
A postular que la súper sobrevaluada Punta Catalina está subvaluada, en vez de sobrevaluada; y a mantener una campaña según la cual quienes demandan el fin de la corrupción y la impunidad están conspirando contra el Gobierno, vaya usted a ver. Mientras, en el Cibao se unen, crecen y se fortalecen buenas vibras para la Marcha Verde del 26. De eso escribiré el viernes.
