Con cada noticia sobre nuevos homicidios, violaciones, atracos y otros hechos delincuenciales se refuerza la percepción generalizada de que nuestro país aún es un lugar inseguro.
A pesar de los esfuerzos, las buenas intenciones, todo lo que ha sido diseñado por el Gobierno para contener la delincuencia en República Dominicana y los planes anunciados, incluyendo cambios en la dirección de altos mandos en organismos de prevención y represión, resulta evidente que hace falta mucho más para enfrentar una situación que ha adquirido dimensiones preocupantes.
No ha sido suficiente, por ejemplo, el patrullaje conjunto de policías y militares. De hecho, sus decisiones de cómo hacer las pesquisas y a quiénes revisar basadas en parámetros incomprensibles y criterios que escapan de la lógica, lo único que han logrado es abrir más la herida de una población resentida porque quienes están llamados a protegerla parecen ni saberlo.
Tampoco ha funcionado del todo la medida de restricción de consumo de bebidas alcohólicas y horas de establecimientos nocturnos. Si bien esto fue una excelente idea para evitar tragedias como algunos accidentes de tránsito o muertes por intoxicación alcohólica, lo cierto es que no ha sido muy útil para evitar una criminalidad que no tiene horarios y, además, la regla ha sufrido tantas excepciones que en gran medida ha sido desnaturalizada.
Lamentablemente, la reacción de muchas autoridades que son esenciales para el tema es la negación, lo que obviamente impide cualquier análisis serio y actitud de cambio, pues el que entiende que está bien no ve razones para modificar las cosas.
Los funcionarios y la clase política en general, especialmente los que prometen mejorías y predican procurar el bien de la colectividad, deberían promover un abordaje más amplio de la inseguridad ciudadana y proponer maneras más realistas de combatirla.
En lugar de seguir, por ejemplo, con el discurso reduccionista desde hace décadas sobre pobreza, sería de mayor utilidad estudiar mejor leyes procesales que hacen fácil los delincuentes salir de las cárceles.
En vez de culpar el consumo de drogas o repetir el trillado tema de la educación y la prevención, sería más eficiente evaluar con reglas claras un sistema judicial lento, ineficaz, caro y que en muchas ocasiones ha fallado en su rol fundamental de impartir justicia.
Quizás, si se toman posiciones menos populares pero más profundas y sinceras, priorizando ante todo la seguridad de las personas, podríamos comenzar a ver cambios positivos en una de las situaciones más graves que afecta a la República Dominicana.
