Víctor Díaz Rúa, imputado en el caso Odebrecht, le solicitó al tribunal que conoce el juicio, ser absuelto por insuficiencia de pruebas y no probarse la acusación.
A través de sus abogados, el exministro de Obras Públicas también pidió declarar la extinción del proceso penal en su contra por haberse agotado el tiempo máximo de su duración.
También, requirió de las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la solicitud decomiso de bienes y cuentas bancarias que hizo el Ministerio Público.
Además, que se ordene el cese de medida de coerción e inmovilización de fondos.
Antes de externar estas peticiones, hoy, en su segunda día de alegatos de clausura, la defensa aseguró que el Ministerio Público no le brindó nada para que el tribunal imponga una sentencia condenatoria.
Indicó que los cargos que le imputan a Díaz Rúa ya están prescritos.
Indicó que pasaron cinco años y nueve meses desde que el imputado dejó de ser ministro de Obras Públicas (agosto 2012) a cuando se presentó la acusación en su contra (junio 2018).
El abogado Ramón Emilio Núñez dijo que la pena máxima por el delito de enriquecimiento ilícito, del que acusan a a Díaz Rúa, es de máximo cinco años.
Por lo tanto opera la extinción de la acción penal por prescripción, sostuvo.
Dijo que, en el caso de la prevaricación, la sentencia máxima es de un año y de soborno, seis meses.
“Pasaron cinco años entre el tiempo en que Díaz Rúa cesó de su función y cuando se presentó la acusación, es la acusación lo que supone el punto a partir del cual se interrumpe esa prescripción”, le manifestó Núñez a las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
“Hablar de esos delitos sería robarle un poco el tiempo al tribunal”, agregó.
También, Núñez aseguró que las obras construidas por Odebrecht en la gestión de Díaz Rúa fueron de acuerdo a la ley y cumplieron con todos los requisitos.
Aseguró que mientras Díaz Rúa fue funcionario público, recibió ingresos de su actividad profesional como ingeniero civil por lo que su patrimonio está debidamente justificado.
Continuando con los alegatos finales, que es el último chance de convencer a las juezas de que el imputado es inocente y no debe ser condenado a 10 años de prisión, el abogado Miguel Valerio indicó que este es un caso sin soporte probatorio.
Valerio precisó que el Ministerio Público, que pidió la condena contra Díaz Rúa, no tuvo rigor en la calificación jurídica.
