Tras afirmar que el mayor general Adán Cáceres Silvestre, implicado en el caso de corrupción Coral, está recibiendo amenazas en la cárcel, sus abogados solicitaron a la procuradora Miriam Germán Brito disponer de una “inmediata” investigación.
Cáceres Silvestre se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, desde mayo tras ser procesado por presuntamente liderar una red que desviaba fondos públicos de entidades castrenses.
Los defensores del imputado aseguran que este está siendo intimidado en la cárcel, a donde, además, aseguran, se le han violado sus derechos fundamentales.
Desde hace días han iniciado una campaña mediática. Y hoy precisaron que resulta “insólito e inaceptable” que mientras Cáceres conversaba con uno de sus abogados, personas se coloquen estratégicamente para escuchar o captar lo conversado entre abogados y representado.
Dijeron que el pasado 11 de junio, durante una reunión se les acercó de manera imprudente una funcionaria de la cárcel, quien se identificó como abogada de apellido Álvarez, y que le “aconsejó” a Cáceres delante de su abogado, que dejara la ruta que ha seguido, que no haga ruido y se quede tranquilo pues “todo se le puede complicar”.
Mediante un comunicado, los juristas calificaron esto como un acto de “amenaza, atropello y soberbia irritante”, por lo que, dijeron, debe ser investigado.
“No sabemos si esta evidente amenaza puede implicar atentados a su integridad física, esperamos que no sea así. Es impensable que este tipo de hechos esté ocurriendo en nuestro país, esta situación tendrá todas las consecuencias jurídicas que ello trae consigo”, afirmaron.
Dijeron que enviaron una instancia a la procuradora Germán Brito y a otros funcionarios del sistema carcelario sobre estos hechos y que no han recibido ninguna respuesta satisfactoria y jurídicamente sostenible. Señalaron que tampoco han recibido respuesta de su queja sobre el alegado secuestro y copiado ilegal de las comunicaciones escritas con su cliente.
“Les conviene a todos que esta denuncia sea inmediatamente investigada y que el resultado sea comunicado a los denunciantes a fin de que tengamos en nuestras manos los nombres, ejecutores y quiénes dieron las instrucciones de este acto de intimidación burdo e ilegal”, expresaron.
