Como una acción atinada calificaron varias entidades jurídicas la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de asumir la investigación de varios expedientes de corrupción que estaban a cargo de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Una de las razones por la que este desapoderamiento es bien visto es debido a que estos procesos judiciales tenían mucho tiempo en la Fiscalía sin que hayan avanzado.
Con esta disposición lo que se buscaría es que estos expedientes cuenten con mayores niveles técnicos, en todo lo que tiene que ver la investigación y puedan ser exitosamente sustentados, explicó Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
“Lo que procuraría sería que se lo someta al Poder Judicial cuente con pruebas suficientes para que desde el Ministerio Público se puedan lograr resultados, que históricamente esa institución ha sido insuficiente en materia de corrupción”, sostuvo.
A su entender, estos casos de corrupción desde un principio debieron estar en manos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la cual es una dependencia de la PGR y que ahora la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, la apoderará de estos procesos.
En ese sentido, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, considera que es importante que la PGR ejecute las investigaciones y la fase de instrucción de estos casos ya que cuentan con más recursos materiales y humanos y cobertura nacional.
“Creemos que es atinado lo que ha hecho la Procuraduría a la hora de recoger esos expedientes para ya con departamentos especializados puede darle al mismo un seguimiento especial… seguimiento en los temas que son tan delicados, en materia de corrupción administrativa y que tienen ya mucho tiempo sin que la Fiscalía le haya podido dar un avance significativo por las limitaciones propias de la Fiscalía”, dijo.
Vidal Potentini considera que siempre será más viable que la Procuraduría sea la responsable del seguimiento y persecución, por lo menos en la primera fase, de los expedientes de corrupción.
Señal de enfrentar la impunidad
Para la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), que también respaldó la medida, esto envía una señal de voluntad política de enfrentar la impunidad, que desde hace tiempo se venía reclamando.
La presidenta de la entidad, Evelyn De la Cruz García, afirmó que a estos casos, entre los que están el Inaipi, la Omsa, el CEA, y una denuncia que involucra al excandidato presidencial Gonzalo Castillo, no se le había dado el seguimiento que los mismos ameritaban.
Castaños Guzmán explicó que la decisión tomada por Germán Brito es una de las atribuciones que le corresponden por ley. “Eso es totalmente normal. Lo que pasa es que esas atribuciones no habían sido utilizadas por los procuradores anteriores”, agregó.
La Ley Orgánica del Ministerio Público (Núm. 133-11,) en su artículo 30, inciso 10, le otorga al titular de la Procuraduría la atribución de “asumir, por sí mismo o a través de uno de sus adjuntos, cualquier proceso penal de acción pública que se promueva en el territorio nacional cuando lo juzgue conveniente al interés público”.
Sobre la fase de llevar los casos a los tribunales, Vidal Potentini explicó que es el Ministerio Público de la jurisdicción correspondiente que tiene que darle continuidad a los casos. “Ya posteriormente, para no tener un cúmulo de trabajo que no pueda manejar, que luego (la PGR) se vaya desapoderando”, dijo.
Los casos
German Brito afirmó que el Ministerio Público toma “todas las medidas necesarias” con el propósito de “garantizar el cumplimiento efectivo de uno de los objetivos más relevantes para el órgano: perseguir con resultados eficientes los casos de corrupción”.
Entre los expedientes, figura la denuncia de corrupción contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Además, el caso de corrupción administrativa de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) que involucra a Manuel Rivas Faustino y compartes, así como el del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), encabezado por Pedro César Mota Pacheco y compartes.
Otro de los casos se basa en una denuncia de Somos Pueblos contra José del Castillo, por la supuesta violación a la misma legislación.
Los expedientes incluyen las denuncias presentadas contra Ricardo Andrés Castillo Terrero por la supuesta violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones del Estado, presentadas al Ministerio Público el 14 de julio y el 20 junio por el abogado Guido Gómez Mazara.
También, las presentadas por el mismo abogado, los días 12 y 25 de mayo de este año, así como el 26 de junio, contra Gonzalo Castillo y Helidosa Aviation Group por supuesto enriquecimiento ilícito y violación a la Ley 340.
