Santo Domingo.- Diversas organizaciones de la sociedad civil depositaron ayer una instancia (Amicus curie) ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana con el objetivo de demandar la inconstitucionalidad del matrimonio infantil por ser una práctica nociva y perjudicial que afecta permanentemente los derechos de las niñas.
En la instancia depositada bajo el nombre de la Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas y como apoyo al recurso de la Misión Internacional de Justicia (IJM), las entidades indicaron que, en República Dominicana, según la encuesta ENHOGAR-MICS 2014, el 35.9% de las mujeres jóvenes (entre 20 y 24 años) se casó o unió antes de los 18 años y el 12.3% lo hizo antes de los 15 años. Ambas cifras se encuentran entre las más elevadas de América Latina y el Caribe, muy por encima de la media regional de adolescentes menores de 18 años casadas o unidas (23%) y más del doble de la media en adolescentes menores de 15 años (5%).
“El matrimonio infantil es una clara violación a los derechos humanos, siendo las niñas las más perjudicadas, quienes son consideradas cargas o mercancías a consecuencia de la desigualdad de género generalizada. Esta práctica vulnera los artículos 39.4, 43 y 56 de la Constitución, y los artículos 2 y 12 de la Convención de los Derechos del Niño, sobre el interés superior del niño y el derecho a opinar y ser escuchado”, expresaron.
Señalaron que a pesar de que la República Dominicana es un país de ingresos medios altos, la incidencia del matrimonio infantil es similar a la de los países del África Subsahariana. En esta última región, el promedio es de 39% de niñas y adolescentes que se casan antes de los 18 y un 12% antes de los 15 años.
Argumentaron que el matrimonio infantil y las uniones tempranas (MIUT) afectan especialmente a las niñas que viven en los sectores más empobrecidos: las áreas rurales y periurbanas, destacando que en el país el 58.6 % de las niñas del quintil más pobre se casan o unen antes de los 18 años y el 23% lo hace antes de cumplir los 15 años.
“La participación de la sociedad civil dominicana es un componente fundamental en la lucha contra la trata de personas en el país, dada su corresponsabilidad de contribuir a suprimir esta gravísima violación de los derechos humanos, demandando que todas las personas convivan en consonancia con los valores inherentes a la dignidad humana: igualdad, libertad y justicia”, manifestaron.
La Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas está integrada por Participación Ciudadana, Free The Slaves (FTS), Observatorio de Migrantes del Caribe (OBMICA), Save The Children, Casa Comunitaria de Justicia (CCJ), Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Adoratrices, Oblatas del Santísimo Redentor, el Centro de Orientación Integral (COIN), el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER) y el Movimiento Sociocultural para Los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA).
