El precandidato presidencial del PLD, Manuel Crespo solicitó la inhabilitación de Gonzalo Castillo como precandidato a la Presidencia, por el “uso y abuso de los recursos públicos de manera descarada”, en favor de sus aspiraciones.
Manuel Crespo acudió a la JCE en su calidad de precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominiana (PLD), para solicitarle que garantice que los procesos se realicen con sujeción a los principios de libertad, equidad, transparencia e igualdad.

Crespo basó su instancia en las denuncias formuladas por los exprecandidatos y miembros del Comité Político, Carlos Amarante Baret, Reynaldo Pared Pérez, Secretario General y el comunicador Julio Martínez Pozo.

“Estas denuncias son de tal magnitud, que obligaron a los citados precandidatos a renunciar al ejercicio del derecho a ser valorados para optar por la candidatura presidencial, en las primarias del 6 de octubre”, explica el documento.

Señaló que a todo esto se agrega que el Presidente de la República “de manera maliciosa, como lo han señalado sus propios compañeros, ha incumplido con las atribuciones que le confieren los artículos 128 de la Constitución, en su numeral 2 literal a, en lo referente a la aceptación de las renuncias, cancelaciones y remociones de funcionarios”.

Agregó que de esta manera el mandatario permite el usufructo de manera alevosa, de los recursos del Estado, por Gonzalo Castillo, “como lo denunciaron los compañeros anteriormente citados”.
Chu Vásquez

El director Nacional de Operaciones de la precandidatura presidencial de Luis Abinader, Jesús Vásquez Martínez (Chu), también demandó de la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República, investiguen la denuncia de Pared Pérez, sobre uso de los recursos del Estado en la campaña interna del PLD.

Manifestó que la falta de la Procuraduría Especializada para investigar y perseguir delitos electorales constituye un flagrante incumplimiento del artículo 289 de la Ley 15-19 sobre el Régimen Electoral.

Expresó que el Senado como primer poder del Estado es el órgano llamado a fiscalizar la gestión del Poder Ejecutivo.

Vasquez, explicó que de no ser investigada dicha denuncia, se estaría enviando un mal mensaje a la sociedad, y a la propia clase política, de que los recursos del Estado se pueden despilfarrar como si fueran propiedad de una persona, o una herencia familiar.
Aseguró que si desde el ejecutivo tienen el valor de tomar el presupuesto para favorecer un candidato de su propio partido en este proceso interno, serían capaces de vender el país por pedazo con tal de comprar las elecciones presidenciales del año venidero, y eso no le puede permitir.

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