La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó ayer su preocupación por las propuestas de reformar la Constitución desde unas bases inciertas lo que, a su juicio, vuelve a generar intranquilidad en el país.

Mediante un comunicado, el Vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños, afirmó que con ello se pretende “reeditar la vieja y dañina práctica de crear nuevas leyes, reformar constituciones o adoptar reglamentos, políticas o programas de manera improvisada e irracional, sin medir las consecuencias y efectos que podrían generarse si son aprobadas”.

No obstante, el jurista reconoció que la Constitución y el conjunto de normativas del ordenamiento jurídico son perfectibles y hay bastantes indicios de que algunos órganos y disposiciones pueden y deben ser modificados para que sean más efectivos y contribuyan a incrementar la calidad de nuestra democracia.

Sin embargo, consideró que este no es el momento para reformas. “Es el tiempo de que las instituciones responsables asuman su rol para garantizar el desarrollo de los procesos políticos y electorales que requiere la democracia y la sociedad para consolidarse”, dijo.

Añadió que es el momento de dar a la Junta Central Electoral y al sistema electoral en su conjunto, la oportunidad de que cumplan con responsabilidad sus atribuciones para que el pueblo dominicano, de manera transparente y sin coacciones de ningún tipo, ejerza su soberanía y escoja democráticamente a sus representantes y autoridades.

Sostuvo que cualquier medida que distraiga al país de este camino podría conducirnos a situaciones peores que las que vivimos en las últimas semanas. “Es la hora para que los poderes del Estado, los partidos políticos, las instituciones sociales y la ciudadanía en general actuemos con moderación, en el marco de nuestro modelo democrático, y con el máximo de racionalidad, sabiduría y legitimidad”, dijo.

Según el Vicepresidente ejecutivo de Finjus, el país ha padecido los efectos de haber mantenido un sistema de partidos que ha actuado sin control del Estado, en un marco de impunidad y en medio de una lucha por el dominio de los puestos de representación política para garantizar su inmunidad.

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