La Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero (FATCA) fue un ordenamiento propuesto por el gobierno de Estados Unidos, como un balance de la Ley de Incentivos de Contratación para Restaurar el Empleo, publicada el 18 de marzo de 2010.

La explicación la ofreció ayer el doctor Antonio Ciriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), al referirse al impacto en la economía dominicana de la entrada en vigencia de la Ley FATCA. “Esta tiene como finalidad facilitar la fiscalización y el pago de impuestos por parte de los contribuyentes norteamericanos, que posean cuentas financieras en el exterior. El objetivo de la Ley es obtener información financiera de los residentes y ciudadanos norteamericanos, para impedir la evasión fiscal al aplicar una retención de 30% respecto a los ingresos que reciban, los cuales constituyan un activo financiero en entidades financieras y no financieras, que se encuentren fuera del territorio norteamericano”, dijo el economista.

Para su implementación, la FATCA requiere que las instituciones financieras extranjeras proporcionen información al Servicio de Rentas Internas de los EE.UU sobre las personas norteamericanas que tengan inversiones en cuentas fuera de su país, además requiere que las entidades no financieras extranjeras proporcionen información sobre sus accionistas o partícipes (en este caso fideicomisos es decir inversiones propias a nombre de otros)”, agregó. Explicó que con la finalidad de incentivar a las instituciones (financieras, fideicomisos, entre otras) para que proporcionen la información referida, la FATCA impone la obligación de practicar una retención del 30% sobre pagos hechos a las instituciones financieras extranjeras que no firmen un acuerdo con el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos.

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