Cuando cierre el año 2019, el déficit acumulado por las EDES durante el 2006-2019 alcanzará US$11,738 millones o 13.8% del PIB de 2019. En otras palabras, si la deuda del sector público no financiero termina en 2019 en 39.4% del PIB, el 35% ha sido provocada por el déficit de las EDES. Si las distribuidoras hubiesen operado sin déficit en los últimos 14 años como sucede en la mayoría de los países del mundo, la deuda del sector público no financiero terminaría en 25.6% del PIB este año. Nadie estaría hablando sobre la supuesta insostenibilidad de la deuda pública dominicana. ¿Todavía no se comprende la magnitud del agujero? Siéntese y lea: las EDES han acumulado en los últimos 14 años un déficit equivalente a 5 veces lo que ha invertido el Gobierno dominicano en la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
Erradicar el déficit de las EDES debe ser la meta más importante a ser alcanzada por la administración 2020-2024. La gran transformación que se habrá producido en el período 2014-2020 en la matriz de generación de electricidad y que permitirá que los derivados del petróleo a finales del 2020 no formen parte de la canasta de combustibles de generación, contribuirá a reducir parcialmente el déficit de las EDES. La entrada en operación de Punta Catalina y la conversión a gas natural de las generadoras del Este, producirán un ahorro de US$350 millones en la compra de energía de las EDES. Partiendo de las informaciones financieras del 2018, el déficit de las EDES bajaría de US$1,019.7 a US$669.7 millones, si se mantiene el control de la demanda servida.

Los 10 millones de turistas constituyen una meta de gran trascendencia para nuestra economía y hay que hacer todo lo que sea necesario para alcanzarla. Pero hay otro 10 que tiene igual o más importancia: la meta de 10% en las pérdidas de las EDES. A pesar de que las pérdidas técnicas y no técnicas que registran las EDES han descendido desde 45.6% en el 2006 a 25.9% en los primeros cuatro meses de 2019, todavía queda un largo camino por recorrer para llevarlas a un nivel máximo de 10% que sería razonable para un país como el nuestro. Vietnam tenía en 1992 un nivel de pérdidas de 25.6%. En el 2015, las había reducido a 9.2%. Angola tenía pérdidas de 26.4% en 2004. En el 2015 bajaron a 11.3%.

Con pérdidas equivalentes al 10% de la energía comprada, una reducción de 20% en los gastos de operación y una reducción de 30% en los absurdos gastos financieros que estas empresas enfrentan debido a distorsiones existentes en el marco normativo para su financiamiento, el déficit global (incluyendo inversiones o “capex”) de las EDES bajaría de US$669.7 millones a US$174.2 millones. Si eliminamos el “capex” de US$211 millones, las EDES cerrarían con un superávit de US$37 millones.

¿Es posible bajar las pérdidas de las EDES a 10%? Es posible, pero, sobre todo, ineludible. Si Vietnam y Angola han podido, nosotros podemos, no hay excusa que valga. ¿Qué se necesita? El mismo espíritu que ha estado detrás de la trascendental transformación de la matriz de generación de electricidad: voluntad política.

¿Qué hay que hacer en las EDES? Primero, guardar los temores y los mitos en un closet y botar la llave. Segundo establecer las metas y comprometer a todos los responsables con las mismas. Tercero, imponer disciplina en la gestión, estableciendo bonos por desempeño asociados al logro de las metas. Cuarto, invertir en la tecnología de calidad que sea necesaria para reducir tanto las pérdidas técnicas como las no técnicas. Quinto, imponer la tolerancia cero al fraude y el apego estricto al cumplimiento de la ley, sin importar que el usuario sea cura, guardia, político, dueño de periódico o canal de televisión.

Sexto, prohibir los precios mentirosos. En otras palabras, desterrar la creencia populista de que la energía es un bien o servicio público que ha llevado a la clase política a pensar que ha recibido un mandato divino para liberar del pago a algunos consumidores. ¿Acaso ricos y pobres no pagan el mismo precio por la gasolina? Haga la prueba. Oferte a un usuario de energía dos opciones: un servicio subsidiado e intermitente a US$0.08 el kWh que no sabe cuando recibirá o un servicio eficiente y continuo a US$0.22 con opción de pre-pago para controlar el consumo y el gasto. No se sorprenda si al cabo de 6 meses el 90% de los usuarios ha migrado del servicio malo al bueno. ¿Porqué? Porque lo barato sale caro.

Y séptimo, todo lo anterior se facilitaría con una descentralización adicional de las EDES. Cada una se desmembraría en tres o cuatro empresas de distribución y comercialización regionales, gestionadas privadamente sobre la base de un “fee” de administración. Las nuevas empresas estarían más cerca de los clientes y la comunidad, y atenderían con más rapidez la demanda de un servicio eficiente. Hecho lo anterior, en poco tiempo aumentaría el apetito de inversionistas dispuestos a asociarse con el Estado en estas empresas que, de no cambiar, solo presagian “100 años de Pérdidas” adicionales.

Estemos claros. No estamos hablando de resolver las ecuaciones de Navier-Stokes para explicar rigurosamente cómo un fluido pasa de tener un flujo regular a uno turbulento, o la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer para unir la geometría algebraica con la teoría de números. No. De lo que se trata es simplemente cómo eliminar las pérdidas que exhiben tres empresas cuando compran energía a generadores y la venden a consumidores, un enigma que han resuelto más de 2 mil empresas distribuidoras de electricidad en la geografía mundial.

¿Qué tenemos a nuestro favor para alcanzar la meta de 10% de pérdidas en un plazo de tiempo más breve que el tomado a otros países? La tecnología disponible es hoy más eficiente y precisa que la de hace 15 ó 20 años. Para controlar las pérdidas no técnicas, el primer paso es garantizar que la energía recibida por los clientes quede registrada en los medidores inteligentes. Si no hay “smart meters” el fraude seguirá. Tenemos que acelerar el paso hacia redes inteligentes, con medidores anti-fraude y aplicaciones que permitan que un “smart meter” pueda acoger simultáneamente el servicio de pre-pago y el de post-pago, sin necesidad de tener medidores diferenciados por tipo de servicio. Curiosamente, la patente nació a aquí, en el Este profundo, y se está vendiendo en algunos países de la región. No tiene sentido tener dos equipos y pagar a dos proveedores cuando uno sólo puede, con una simple aplicación, satisfacer las dos opciones de servicio.

El segundo paso consiste en asignar a cada transformador los medidores inteligentes de los clientes servidos, de manera que la base de datos del sistema registre los clientes asociados a cada transformador. Con redes inteligentes, las inconsistencias y averías se detectan más rápidamente, mejorando la calidad del servicio y el “willingness to pay” de los clientes. Las EDES invertirían en sistemas de control que limiten al mínimo la intervención humana en la medición, fuente tradicional del fraude en el consumo y generadora de rentas ilícitas. La reconexión del servicio debe ser automática cuando se paga; cero reconectado manual. Los gabinetes contentivos de los “smart meters” sólo se abrirían con llaves magnéticas previa autorización del sistema. El uso de totalizadores aseguraría que la cantidad de energía que entra a un circuito concuerda con la que se recibe del contador. Si los datos no cuadran, revelarían fraudes o pérdidas técnicas. El tercer paso, la optimización de la red, permitiría visualizar donde están originándose estas últimas.

Una nota final. Los equipos deben ser de calidad para garantizar su durabilidad, incluyendo los cables, gabinetes que acogen los medidores, módulos centrales, y totalizadores. Sin importar la fuente del financiamiento para la adquisición de la tecnología de redes inteligentes, lo importante es la certificación de calidad. Si para ello necesitamos contratar una firma norteamericana de reputación global, conocedora de las normas mundialmente aceptables, contratémosla. Si vamos a endeudarnos en US$600 millones, es vital que la tecnología y los equipos sean de calidad y duraderos. Evitaríamos así que tasas de 2% en financiamientos concesionales terminen superando el 40%.

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