El presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez comunicó ayer que solicitó el retiro del cerco que militares y policías tendieron al Congreso Nacional. Dijo que la decisión fue dialogada junto al presidente de la Cámara de Diputados con el ministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sem y el director de la Policía Ney Aldrin Bautista. “…Dimos instrucciones para que se procediera con el retiro de los efectivos militares y policiales”.
El legislador había dicho la semana pasada que la militarización fue decidida ante el informe que les suministraron los jefes citados en el sentido de que “grupos” se proponían tomar el Congreso, y en consecuencia se trataba de una medida que asumía bajo su responsabilidad.
Pared Pérez ha dicho que fue de rigor disponer la militarización, pero se supone que tal movilización de tropas, todo ese contingente requería la aprobación de su comandante en Jefe, porque el orden interno de las cámaras es su estricta competencia, más no medidas que impacten el orden público y el sentido del sosiego ciudadano.
Ha sido una historia que en algún momento tendrá que ser desentrañada plenamente, porque el despliegue militar y policial a todas luces fue excesivo, como si fueran a enfrentar otro ejército, cuando se trata de manifestantes por una causa cívica, que se asume en principio pacífica.
El derecho a la protesta pacífica es consustancial a la libertad de expresión, que es uno de los fundamentos del sistema democrático. Limitarlo es restringir el ejercicio de esa prerrogativa ciudadana.
En cualquier caso, es competencia de las autoridades policiales mantener el orden en los términos previstos en la ley.
La presencia de tantos policías y militares, más el despliegue de todos esos medios de defensa, no hacía bien a la imagen de un país democrático y particularmente a un poder del Estado como el Congreso Nacional.
¡Eso tenía que cesar!
Pared Pérez ha hecho bien en adelantar la gestión para que esa vigilancia desaparezca.
Es oportuno señalar que los manifestantes, que probablemente continuarán expresándose en las cercanías del Congreso, deben actuar con respeto y civismo, en el marco de la ley, como se espera de quienes se asumen como defensores el estatuto fundamental de la República: la Constitución.
