La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), a la luz de los recientes hechos producidos alrededor del Congreso Nacional desde la semana pasada, expresó este miércoles su «alta preocupación» por el deterioro de la situación que prevalece en esa zona, lo que constituye un escenario altamente volátil y riesgoso para el ejercicio de tareas esenciales de la democracia que se realizan en el entorno.
Aunque las medidas que se han adoptado, lo que incluye de manera destacada la presencia de efectivos militares y agentes policiales, podrían ser justificadas, bajo el argumento de que se han adoptado para garantizar la integridad de los legisladores y la seguridad de las instalaciones del Congreso en estos momentos de tensión, no deja de constituir un signo de alarma y riesgo las diferentes situaciones que se han producido recientemente. El simple hecho de que el normal desempeño de las sesiones legislativas se haya trastocado, interrumpido o alterado, representa una amenaza que podría dar lugar a hechos que configuraría una vulneración inaceptable a este poder del Estado.
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Desde el punto de vista jurídico se produce una pugna entre el deber o necesidad de proporcionar seguridad material en las inmediaciones del Congreso —la cual debería afrontarse con medidas consensuadas por las fuerzas políticas que interactúan— con la limitación, cerco y, hasta cierto punto un nivel de hostigamiento que perciben un grupo de legisladores.
Debe resaltarse que, a pesar de cualquier circunstancia, la protección de la función legislativa, es decir la prerrogativa del ejercicio legislativo en condiciones de total independencia y libertad, mantiene un carácter imperante. La labor congresual es la manifestación expresa de la diversidad y el pluralismo social y político, por ende su preservación en condiciones óptimas constituye un pilar básico para el mantenimiento de un sistema democrático en el marco de un Estado social y democrático de derecho.
En ese sentido el objeto del Poder Legislativo, además de producir las leyes, se extiende como una especie de muro de contención a fin de servir de contrapeso o control político de los actos del Poder Ejecutivo, asegurando con ello un balance en el ejercicio del poder público. Todo lo anterior resulta imposible en un ambiente donde la acción y derechos de los legisladores está limitada por tropas militares y agentes policiales cuya acción no parece razonable a la luz de los informes dados a conocer.
Llamamos a las autoridades del Congreso, quienes han asumido la responsabilidad por las acciones vinculadas con el reforzamiento de la seguridad de la zona, a que devuelvan la normalidad al entorno de las Cámaras y faciliten el correcto desenvolvimiento de las funciones legislativas.
