No importa la fuente que le nutra de información. Unos la reciben de la prensa escrita, otros de la radio y televisión y un número creciente del tsunami que evacua la prensa digital y las redes sociales. Algo es evidente: la mayoría de los dominicanos parece estar preocupada por el nivel y el ritmo del endeudamiento público.
No hay lugar a discusión, en el ámbito de la economía, ningún otro tema hace brotar más pasiones que este. Las informaciones oficiales, excluyendo la deuda intra-gubernamental e incluyendo la deuda de las EDES representada por certificados de reconocimiento de deuda y la vencida con los generadores, revelan que la deuda del sector público no financiero ha subido de 29.4% del PIB en el 2012 a 37.6% a marzo del 2019. La del Banco Central, por su parte, ha pasado de 10.5% del PIB en el 2012 a 14.9% a marzo del 2019. En consecuencia, la deuda del sector público consolidado ha pasado de 40% del PIB en el 2012 a 52% a marzo del 2019. ¿Debe motivar preocupación o por lo menos convocar a una objetiva reflexión? Si. ¿Motivo de sorpresa y rasgaduras de vestiduras? No. En un país donde el Estado ha transferido a los hogares y empresas un 43.7% del PIB en forma de exenciones tributarias durante el período 2013-2019, nadie debería disfrazarse de hipócrita para vociferar alarma frente al nivel de la deuda pública. Así como leyó, en apenas 7 años, el Gobierno dominicano, a través de exenciones, ha transferido a los hogares y a las empresas dominicanas recursos equivalentes a 1.2 veces lo que el primero ha acumulado como deuda pública en los últimos 175 años. Tomen nota. No estoy incluyendo en ese 43.7%, otro 80.4% del PIB que representó el dinero que quedó en el bolsillo de los hogares y las cuentas de las empresas como consecuencia de las exenciones tributarias que hogares y empresas se auto-concedieron vía la evasión fiscal.
Pero no es de deuda o pasivos estatales que escribiré. Abordaré un tema más aburrido y que no despierta interés: el valor de los activos del Estado dominicano. ¿Porqué considero necesario hacerlo? Porque al observar el debate sobre la “mala palabra” en que se ha querido convertir el endeudamiento público, daría la impresión que cada vez que el Gobierno emite un bono o toma un préstamo, al recibir el dinero, el Ministro de Hacienda procede a quemarlo en enormes zafacones frente al Ministerio, en vez de darle un uso productivo.
La realidad es muy diferente. La República Dominicana ha ido levantando de manera gradual y casi sostenida, un inventario de infraestructuras físicas necesarias para avanzar en el proceso de desarrollo integral de la Nación y mejorar la competitividad que requieren nuestras empresas para hacer frente a los retos de una economía cada vez más abierta al exterior. ¿Con qué recursos se ha ido levantando esa infraestructura física? Fundamentalmente, con los recursos que obtiene el Gobierno cuando coloca bonos en los mercados doméstico y global, y obtiene préstamos externos bilaterales y multilaterales. Es cierto que el Estado dominicano tiene deuda o pasivos. Pero también es cierto que el Estado tiene activos que han ido aumentando en valor.
Comencemos. La República Dominicana, después de Chile, Ecuador y México, es el país de la América Latina y el Caribe con la mejor calidad en infraestructura vial, de acuerdo al ranking del 2018 elaborado por el Foro Económico Mundial. Superamos a todos los países de Centroamérica, incluyendo a Panamá. ¿Con qué recursos hemos construido esa infraestructura? Con deuda pública. ¿Porqué lo hemos hecho con endeudamiento? Primero, porque las exenciones y la evasión le quitan al Gobierno ingresos fiscales equivalentes a 15.6% del PIB todos los años. Y segundo, porque esa infraestructura vial que el Estado ha levantado, beneficia no sólo a las presentes generaciones sino también a las futuras generaciones. Lo justo, en consecuencia, es que la carga se distribuya equitativamente entre las presentes y futuras generaciones. Eso sólo es posible si esas autopistas y carreteras se construyen con endeudamiento público. Si esa vasta red de infraestructura vial se construyese sólo con los impuestos que pagamos las presentes generaciones, las futuras disfrutarían de la misma sin pagar nada a cambio, lo que viola el principio de la equidad distributiva intergeneracional de la carga.
¿Cuánto vale la infraestructura vial del país que ha levando el Estado dominicano? Contamos con 5,890 kms de autopistas y carreteras, de los cuales 1,463 son troncales, 2,823 regionales, y 1,604 locales. A esas debemos sumar 9,454 de caminos vecinales, de los cuáles 2,458 están asfaltados, 4,822 cuentan con doble riego asfáltico y 2,174 están sin asfaltar y sin riego asfáltico. Finalmente, tenemos 4,360 de caminos transitorios. A eso debemos agregar 1,071 puentes en todo el territorio nacional, y decenas de elevados y túneles. Según el Ing. Pedro Delgado Malagón, uno de los expertos más reputados en infraestructura vial del país, el valor de reemplazo de toda la infraestructura vial de la República Dominicana asciende a US$20,361 millones, es decir, 24% del PIB.
El Metro de Santo Domingo también se construyó fundamentalmente con deuda pública. El costo total a de las Líneas I y II asciende a US$1,440 millones. El Teleférico de Santo Domingo, de 5 kms y 4 estaciones, tuvo un costo de US$68.5 millones, financiado con el préstamo otorgado por la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD). Los 445 autobuses de la OMSA, incluyendo 200 nuevos que han comenzado a entrar en operación en el 2019, y que este año transportarán cerca de 35 millones de pasajeros, tienen un valor de reposición cercano a US$60 millones.
Movámonos ahora a la inversión el Estado dominicano en infraestructura eléctrica. En la generación y transmisión, el valor total de la inversión alcanza US$5,834 millones, lo que abarca el valor de reposición de 616 MW de la capacidad instalada en hidroeléctricas, el valor del 62.5% de las acciones que tiene el Estado (incluyendo al Banco Central) en EGE Haina, del 50% en EGE Itabo, del 100% en la Central Punta Catalina y en la ETED. Este valor aumentaría si las EDES fuesen reformadas. La infraestructura de riego, conformada por 2,551 km de canales principales, 1,871 de canales secundarios y 1,608 de drenajes, tiene un valor de reposición cercano a US$2,100 millones.
Sumemos US$3,100 millones correspondientes al valor estimado de las acciones del Estado en el Banco de Reservas, Seguros BanReservas, AFP Reservas, Fiduciaria Reservas, y en Inversiones y Reservas. Otros US$220 millones como estimado del valor de las acciones del Estado en Refidomsa. Añada otros US$90 millones correspondiente al valor de las acciones del Estado en Molinos del Ozama y en La Tabacalera. Y US$70 millones del Bagrícola.
A lo anterior sume el valor de reposición de los 452 sistemas de agua potable o acueductos distribuidos en todo el territorio nacional, que permiten una cobertura de 84% de agua potable a la población. Se ha estimado que se requerirían US$5,556 millones en dólares del 2019, a razón de US$480 millones anuales hasta el 2030, para aumentar la cobertura de 84% a 100%. Un ejercicio de regla de tres, arrojaría que el valor de reposición de los 452 sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial asciende a US$29,169 millones. Si le parece mucho, bájele un 30% y cójalo por US$20,418 millones.
Seguimos. Tenemos 7,586 escuelas públicas con un total de 47,365 aulas y una universidad estatal con un total de 18 recintos distribuidos en todo el país. ¿A cuanto asciende el valor de reposición de esos activos? Utilizando el precio promedio de construcción de nuevas aulas, se tiene que el valor de reposición de la infraestructura escolar y universitaria estatal del país alcanza US$10,150 millones. No hemos terminado. Anote 159 hospitales públicos generales, 14 hospitales de alta especialidad, 15 hospitales especializados, 43 centros de diagnóstico, 1,359 centros de primer nivel de atención, 30 centros de zona, y 1,929 unidades de atención primaria. ¿Valor de reposición? Posiblemente sobre los US$9,000 millones. Sé que algunos afirmarán que las edificaciones del Gobierno Central, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de los Ayuntamientos y de las entidades autónomas y descentralizadas no valen nada. Eliminemos el Estado, autogobernémonos y después me cuentan el resultado. En el ínterin, pónganle US$3,000 millones y me quedo corto.
Pasemos ahora a activos estatales intangibles pero muy valiosos, como el espectro radioeléctrico. Estimados realizados por organismos internacionales estiman entre US$700 y US$800 millones el valor del espectro para la telefonía móvil en República Dominicana. Otros activos intangibles que deben incluirse son el espacio aéreo, el uso de la franja costera, fundamentales ambos para las concesiones de 8 aeropuertos y 14 puertos. ¿Cuánto valen? Busque los estados financieros de las empresas aeroportuarias y portuarias y concluirá que esos activos intangibles, pertenecientes al Estado, valen mucho, pero mucho dinero. Como no tengo esos estados, no puedo estimar el valor. En los activos estatales, tenemos que incluir las cuentas por cobrar que tiene el Estado. Sólo a la DGII, por casos que esperan ser fallados por la Justicia, la partida de impuestos por cobrar alcanza US$1,286 millones.
¿Que nos queda? Las reservas internacionales netas del Banco Central, ascendentes a US$9,450 millones y el valor presente de los ingresos del señoreaje del 2019 al 2049, ascendente a US$7,211 millones. ¿Algo más? Si, las tierras del Estado, incluyendo las del CEA. No voy a aventurar un estimado sobre el valor de las mismas pues no tengo información de precio y cantidad. Mucho menos del valor del subsuelo con vocación minera y que es propiedad absoluta del Estado. Sin embargo, hay un caso que nos muestra que el valor es considerable. Gracias al factor C que acompaña al Presidente Danilo Medina, el Estado dominicano recuperó los 362 millones de metros cuadrados de las valiosas tierras de Bahía de las Águilas. ¿Qué significó esa recuperación? Un aumento de los activos estatales de US$7,240 millones en el 2019, equivalente al aumento acumulado de la deuda del Gobierno del 2015 al 2018.
Como vemos, el Estado tiene pasivos por US$43,158 millones a marzo del 2019. Pero sólo en los activos que hemos listado y podido valorar, tiene US$101,849 millones, arrojando un patrimonio neto de US$58,691 millones. Espero haber reducido un poco su nivel de preocupación.
