Un conjunto de organizaciones evangélicas y católicas, federaciones de padres y dueños de colegios privados dieron un plazo de 24 horas al Ministerio de Educación para revocar la ordenanza que busca implementar una política de género por considerarla nociva y contraria a los valores morales y religiosos.
Aunque el Ministerio de Educación insiste en que se trata de una medida para educar con igualdad y equidad en los centros educativos, el abogado José Alberto Ortiz, dijo durante una rueda de prensa este miércoles que se trata una enseñanza que pretende borrar las diferencias naturales entre hombres y mujeres y validar a través de la educación sexual todo tipo de relaciones y aberraciones sexuales.
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Adujo que la orden departamental no ha sido consensuada ni aprobada por el Consejo Nacional de Educación que es el órgano facultado para diseñar las políticas educativas.
“Realmente lo único que hay que ensenarle a los niños, niñas y adolescentes es la igualdad de todos los ciudadanos dominicanos ante la ley que está definida en el artículo 39 de la Constitución. Después, hombres y mujeres somos iguales ante la ley, pero somos diferentes biológicamente, somos diferentes emocionalmente, somos diferentes hasta en la forma de pensar. Eso es lo que hay que enseñarle a nuestros niños”.
Aseguró que desde hace tres años el Ministerio de Salud difunde en las escuelas públicas un manual que “enseña como identidad de género el homosexualismo, el transexualismo, el lesbianismo, el travestismo, el bisexualismo…una serie de prácticas sexuales que no son géneros ni identidades sexuales, son orientaciones y preferencias sexuales. La biología solo establece dos sexos: masculino y femenino y establece que la unión de ambos es lo que procrea o expande la raza humana”, dijo.
Durante una rueda de prensa en la que participaron el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), el vicario Episcopal de Pastoral, Lorenzo Vargas, la organización católica Matrimonio Feliz, entre otras, dijeron que si no se retira la medida someterán una recurso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y acudirán a todas las instancias que sean necesarias.
