La nueva resolución de la JCE

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    El 20 de junio de 2018, el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) ordenó a los líderes y activistas políticos en campaña que suspendieran sus actos en un plazo no mayor de cinco días, porque transgredían “las normas vigentes” que pautan los tiempos de las campañas y precampañas electorales.

    La advertencia coincidió con el inicio el día 9 de ese mismo mes de la promoción de Leonel Fernández. Aunque otros precandidatos llevaban iniciativas parecidas, su arranque fue llamativo, y éste se dio por aludido. El 21 de junio dijo que la resolución de la JCE no tenía base legal, que no existían normas, disposiciones estatutarias o reglamentarias partidarias que prohibieran la realización de actividades de precampaña.

    Todavía no se había aprobado la ley 33-18 de partidos, que establece plazos para las actividades de precampaña. Ahora, el Pleno de la JCE se ampara en el reglamento de la ley misma, y de nuevo recurre al recurso de la prohibición que aquella vez resultó fallido.

    Entonces la JCE ordenaba de manera categórica a diferentes institucionales hacer cumplir su prohibición. Ahora convoca a los partidos para “establecer el alcance y cumplimiento” de la resolución No. 10-19 y se reserva el derecho de accionar ante cualquier incumplimiento y violación de la misma.

    La JCE probablemente recoge un sentimiento de la sociedad sobre “promoción política a destiempo”, pero habría que preguntarse si esa nueva resolución será aplicable.

    Estamos en medio de una lucha de poder, en la que entran diferentes factores. No hay un debate estrictamente de precampaña ni entre precandidatos. Se desarrolla en la sociedad, con énfasis en el partido oficial, un tema de más trascendencia, sobre el imperio de la Constitución, si se modifica con un propósito singular o permanece inalterable en el tiempo.

    ¿Con qué criterio evaluará la JCE una manifestación que vaya más allá de los términos de una precampaña?

    Los órganos de la República, como la JCE, deben afinar muy bien el sentido político de sus actos, ver su alcance y dimensión para que los mismos puedan ser respetados por todos. Evitar que se conviertan en piedra de choque.

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