Defensor del pueblo llega a su sexto año de funcionamiento

Zoila Martínez Defensora del pueblo
Zoila Martínez Defensora del pueblo

El Defensor del Pueblo arriba este 15 de mayo a su sexto aniversario, con la celebración de una misa en acción de gracias,  que será oficiada por el sacerdote Lucas Barato, en la iglesia Jesús Maestro,  en el sector Mirador Sur, del Distrito Nacional, a las 6:00 de la tarde.

En mayo del 2013,  el Senado de la República designó a Zoila Martínez Guante, como defensora del pueblo, y como defensoras adjuntas a las abogadas María Ramos y María Batista, por un período de seis años.

Además, fueron nombrados los abogados Carlos  Hernández Cabrera y Ruddy Nelson Frías, como primero y segundo suplente, respectivamente.

De acuerdo con una nota de entidad, desde el 2013 ha atendido un total de 5,095 reclamaciones y quejas sobre vulneración de derechos fundamentales presentadas por ciudadanos contra entidades públicas y privadas.

Los reclamos llevados ante el defensor del pueblo conciernen a solicitudes de gestiones para  conseguir declaraciones tardías de nacimiento, pago de pensiones,  asistencia social y de beneficios laborales a servidores públicos y  de expropiaciones de inmuebles a cargo del Estado.

También ha intervenido para ayudar a ciudadanos por retención de personas en centros médicos por falta de pago, para la reparación y  construcción de viviendas,  para el saneamiento de cañadas, por problemas medioambientales, falta de agua y deficiencia de servicios públicos, así como por violación de los espacios públicos.

La institución ha desarrollado un programa de educación para orientar a los ciudadanos sobre sus derechos y cómo exigirlos, a través de charlas impartidas en  instituciones públicas y privadas y organizaciones  no gubernamentales.    En estos seis años, personal del Defensor del Pueblo ha impartido más de 300 charlas en todo el país.

El defensor del pueblo fue creado mediante la ley 19-01, del primero de febrero del 2001,  y luego adquirió rango  constitucional  en el 2010, al ser incorporada en la Carta Magna aprobada ese año.

Su objetivo es salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos plasmadas en la Constitución en caso de que serán vulneradas por funcionarios públicos.

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