Los lánguidos municipios

    La alcaldesa de Salcedo María Mercedes Ortiz ha resaltado de nuevo las precariedades con que se desenvuelven los municipios y de manera dramática, aquellos que no tienen fuentes ni posibilidades de obtener ingresos propios por las características de su territorio o por el débil desarrollo local.

    La realidad de la municipalidad es que no está en posibilidad de cumplir con las previsiones de la ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios por los escasos recursos que reciben. La alcaldesa de Salcedo admite que cumplir plenamente con la ley 166-03, que asigna el 10% de la ley de Presupuesto para los municipios está fuera de la realidad en este momento, pero entiende que ya es tiempo de que el monto sea elevado al menos a un 5%.

    El planteamiento es justo. Refleja las demandas silentes pero bien fundadas de la generalidad de las alcaldías, que hacen de tripas corazón para tratar de cumplir sus misiones. Y es que los gobiernos nacionales no valoran el territorio nacional en la perspectiva de la municipalidad.

    Los municipios tienen graves responsabilidades en atención a la ley, y sin embargo, no pueden cumplir con las demandas ciudadanas. Se tiende a generalizar diciendo que los alcaldes no son buenos administradores o que no manejan los recursos con pulcritud. Al margen de esos pareceres, lo doloroso es que se desempeñan con presupuestos miserables, que no dan para el aseo público, para manejar parques, ornato, supervisar mercados y mataderos municipales, prestar servicios sociales solidarios, mantener o reconstruir calles, caminos vecinales, o desarrollar políticas de género, seguridad ciudadana, o de salud, a partir de la comprensión de que el saneamiento y la preservación del medioambiente son esenciales para vida.

    Es necesario que los gobernantes y el liderazgo político con vocación de poder, adopten una actitud distinta hacia las municipalidades. Y es más imperativo cuando la representación del gobierno nacional a nivel provincial ha sido degradada, convertida en mera agencia de empleos a través de una entelequia llamada Gobernación.

    El gobierno nacional no puede hacerlo todo. Tampoco debe acaparar los ingresos nacionales sin el más mínimo criterio de justicia distributiva, sin considerar las necesidades de los municipios, la esencia primaria de organización del territorio de la República.

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