Las recientes reformas electorales presentan novedades que harán de los comicios del 2020, uno de los procesos más complejo en la historia política del país. Se agregan elementos que hasta ahora no existían, como la realización de primarias simultáneas, las elecciones municipales separadas de la presidenciales y congresuales o el voto preferencial para regidores y vocales. Por esta razón, se requiere de instituciones electorales lo suficientemente fuertes para garantizar una buena administración de las elecciones y una efectiva justicia electoral.
Es necesario que los órganos electorales gocen de la confianza de los partidos y la ciudadanía. Sin instituciones creíbles, no se pueden organizar elecciones que cuenten con la debida legitimidad. Según Latinobarómetro, la confianza en los órganos electorales tuvo una fuerte caída al pasar de un 51% en 2006 a un 28% en 2018. En el caso dominicano, este nivel de confianza es de apenas un 30%. Ante procesos electorales tan complejos como los que se avecinan, se requiere concentrar esfuerzos en todas aquellas acciones que contribuyan a mejorar la credibilidad en la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE). Es muy peligroso el camino de erosionar la confianza en estas instituciones electorales.
Hay tres factores que están estrechamente vinculados a la confianza en los órganos electorales. El primero de ello es la manera en que se lleva a cabo su integración. Tanto el Senado como el Consejo Nacional de la Magistratura se cuidaron de escoger una JCE y un TSE con la suficiente autonomía y capacidad como para lidiar con la complejidad de las elecciones.
El segundo factor tiene que ver con el desempeño de estas instituciones. La labor de los órganos electorales debe realizarse con eficiencia, transparencia, participación y apego a la Constitución y las leyes. Hasta ahora, tanto la JCE como el TSE han actuado conforme a estos principios.
El tercer factor es el del rol de los actores políticos en fortalecer o debilitar la credibilidad en las instituciones electorales. En este sentido, hemos sido testigo de posiciones políticas que generan una gran preocupación. Una de ella lo fue la amenaza a miembros del TSE, de un juicio político por una sentencia evacuada. Por otro lado, crecen las críticas a la JCE por el apoyo técnico a la reunión de la comisión política del PRD o por la manera en que está conociendo el tema del arrastre. Este tipo de cuestionamiento debilita los órganos electorales. Los partidos tienen la responsabilidad de dejar fuera de la confrontación política a estas instituciones. El deber ahora es proteger a las instituciones electorales del país.
