Managua, 3 may (EFE).- Nicaragua demandó este viernes a Estados Unidos suspender la «Nica Act», una ley que impone sanciones individuales a miembros del Gobierno de Daniel Ortega, además de limitar el acceso a préstamos internacionales como los del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
«El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está interesado en que se suspendan la Nica Act», dijo el canciller nicaragüense, Denis Moncada, al salir de un encuentro con delegados de la opositora Alianza Cívica con los que mantienen conversaciones para buscar una salida a la crisis que estalló hace un año.
El 20 de diciembre pasado el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como Nica Act, que contempla restricciones a los préstamos otorgados a Managua por instituciones financieras internacionales donde Washington tiene voto, exceptuando el financiamiento a proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas de los nicaragüenses.
La «Nica Act» sería suspendida solo si el Ejecutivo de Ortega convoca unas elecciones «libres, justas y transparentes», de acuerdo con el texto de la legislación.
El canciller Moncada explicó que el Ejecutivo está interesado en que se suspendan las medidas unilaterales «que afectan a todo el pueblo nicaragüense, y que afectan a amplios sectores productivos de nuestro país», incluyendo pequeños, medianos y grandes productores.
Aclaró que el interés de la delegación del Gobierno no es que se gestione la suspensión de «sanciones que tienen que ver con personas específicas, con funcionarios de Gobierno, sanciones personales».
Consultado sobre el nivel de afectación de las penalizaciones, el funcionario no las cuantificó, sólo dijo que «ese tipo de medidas también está afectando de forma significativa el libre comercio de Nicaragua».
«Son medidas que Estados Unidos está bloqueando y afectando el libre comercio de Nicaragua con otros países», indicó el canciller, sin precisar.
Acusó a Washington de estar «violentando el Derecho Internacional, las normas y reglamentos de la Organización Mundial de Comercio, lo cual realmente es violación al Derecho Internacional y al libre comercio entre los Estados».
Moncada dijo que han hecho hincapié a la Alianza Cívica, que es su contraparte en las negociaciones, a que «se sensibilice y asuma una actitud patriótica» y de responsabilidad social empresarial y apoye y gestione ante EE.UU. la suspensión de esas medidas.
Anunció que la próxima semana presentarán en la mesa de negociación una «propuesta fundamentada y documentada para continuar discutiendo, debatiendo y procurando consensos sobre esta medida de suspensión de las sanciones».
A su juicio, la Alianza Cívica «está obligada» a «decirle a la comunidad internacional: es necesario ya no producir este tipo de sanciones que afectan la economía, la producción, la vida cotidiana de miles y miles de nicaragüenses», de lo contrario, consideró Moncada, se convierten «en cómplice, en encubridor por lo menos de una medida que afecta a Nicaragua».
«Nosotros hemos insistido y le hemos dicho a la delegación de la Alianza: no utilicen esas medidas unilaterales, no utilicen esas sanciones como una sustitución de los viejos tranques (bloqueos de vías) del año pasado» cuando estalló la crisis, continuó.
Reprochó que quieran utilizar las sanciones como una medida de presión en el marco de la negociación.
La Alianza Cívica señaló al Gobierno de Ortega de «estancar» y «condicionar» el avance de las negociaciones, «a que nos pronunciemos sobre el tema de las sanciones», dijo Mario Arana, uno de los negociadores de la oposición.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado. EFE
