Durante años muchos hemos alertado sobre las graves consecuencias de tener leyes vigentes que son groseramente incumplidas sin ninguna consecuencia, lo que ha socavado nuestra débil institucionalidad y permitido poderes aún mayores a nuestros gobernantes en un país que históricamente ha estado afectado por el caudillismo.
Esto que debería ser motivo de extrema preocupación, simplemente a fuerza de tolerarse se ha convertido en una mala práctica, la cual en adición ha provocado que como las autoridades se sienten con el poder discrecional de aplicar la ley cuando entienden y en cuanto les conviene, haya derivado en una peligrosa dicotomía entre un populismo legislativo que lleva a aprobar mandatos constitucionales y leyes que se enmarcan en postulados y tendencias considerados como políticamente correctos, y la carencia de una real voluntad de cumplirlos.
La Constitución aprobada en el año 2010 fue proclamada por sus auspiciadores como una de las más avanzadas de la región y, sin entrar en la discusión de si lo es o no, en efecto la misma contiene postulados y mandatos importantes que deberían entrañar avances en nuestra sociedad.
Como parte de su contenido fueron creados organismos como el Tribunal Constitucional, el cual por esencia está llamado a controlar que los poderes públicos no se excedan y a dictaminar si estos han violado la Constitución y, de ser así, anular las disposiciones declaradas inconstitucionales.
Lamentablemente como hay una gran distancia entre el discurso y la práctica política, las mismas autoridades que aprueban las disposiciones constitucionales y legales, y que crean los organismos, son las primeras que se resisten a cumplirlas o a acatar sus mandatos.
Es más fácil decir, como establece el artículo 204 la Constitución que debe haber una gestión descentralizada y debe realizarse una transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales, que hacerlo. Este mandato no solo no se ha ejecutado, sino que se ha violentado con la aprobación de cada ley de presupuesto que ha dispuesto incumplir con la ley que ordena asignarles el 10% de los ingresos del Estado; violaciones que no han pasado de ser simples denuncias, pues todavía existe un gran temor a activar mecanismos de control a los poderes.
Igualmente es más fácil establecer postulados democráticos en la Constitución como los que disponen los artículos 77 y 208 relativos a la elección por sufragio universal directo de senadores y diputados, o sobre las características del voto que debe ser personal, libre, directo y secreto, que asumir las consecuencias de estos.
Si de verdad existiera una firme convicción de que así sea los mismos asambleístas que aprobaron esas disposiciones no estuvieran defendiendo que se mantenga el odioso y antidemocrático arrastre de votos directos a un diputado en beneficio del partido y por ende al senador, como hicieron en la ley 157-13 sobre el voto preferencial por una disposición que a todas luces está afectada de inconstitucionalidad, y que intentan interpretar es el caso en la Ley 15-19 de régimen electoral.
Como las posturas democráticas son muchas veces cosméticas, es poco probable que esta situación se resuelva con una aceptación voluntaria de la supremacía de la Constitución y lo más probable es que tenga que ser resuelta definitivamente por el Tribunal Constitucional, si fuera apoderado.
Ha llegado el momento de que nuestras autoridades sientan el peso de sus decisiones y se les pase factura por las mismas, y que entiendan que la Constitución y la ley no pueden ser simple retórica, sino que tienen que ser cabalmente cumplidas y acatadas, aunque no les convengan sus mandatos.
