“… el progreso también puede significar dar dos pasos atrás (…) ¡Tendamos al futuro! ¡Atrás a todo vapor!´´. Umberto Eco
Fue a principios del 2019, nada más y nada menos que 57 años después de la muerte del tirano Rafael Leónidas Trujillo, que escuché de labios de un estadista, intelectual y demócrata a carta cabal, la frase “La democracia dominicana está en peligro’’.
Tal afirmación en aquel momento me pareció una exageración, que sin embargo, no dejó de generarme, además de sorpresa, una gran preocupación al venir de él, pues a ese líder político se le conoce como una persona de temperamento flemático, no dado a exabruptos ni exageraciones, por lo que, decidí involucrarme un poco más en la evaluación de nuestra realidad política actual, en busca de mi visión personal sobre el tema.
Para el mes de abril del 2019, el mismo intelectual de la primera frase, afirmó que “el desconocimiento al orden constitucional es el origen de la tiranía”, justo cuando concluía mis meditaciones que ahora les comparto, en el sentido de que, ciertamente, se cierne un gran peligro sobre el sistema democrático dominicano y nos encontramos en el umbral de una tiranía, incluso, aunque no sea la intención del Sr. Presidente, que algunos quieren presentar como un tirano en ciernes. Me explico; la tiranía se define como una forma de gobierno en la que el gobernante tiene un poder total o absoluto, no limitado por leyes, especialmente cuando lo obtiene por medios ilícitos, y/o abusa de él, de lo cual se desprende que para que se pueda poder hablar de tirano basta con que el presidente llegue a esa posición (o se perpetúe en ella) mediante la fuerza o de una forma no legal o ilegítima y que ejerza influencia omnímoda sobre los demás poderes del Estado.
En la República Dominicana tenemos un partido cuyas decisiones rigen nuestra vida política y resulta que legalmente el organismo máximo de dirección de ese partido lo constituye su Comité Central, sin embargo, la realidad es otra, pues este Comité se limita a acatar las órdenes emanadas del organismo jerárquicamente inferior, que es el Comité Político, compuesto por unas 35 personas, algunos sin absolutamente ninguna voluntad propia y mucho menos poder de decisión, quienes se rigen en su mayoría por las directrices que les traza el presidente de la República, quien también baja líneas al Comité Central que las acata, y por lo tanto hoy día, el señor presidente gobierna todos los órganos y organismos de dirección del partido, el cual a su vez tiene la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados.
No conforme con todo esto, los presidentes de ambas cámaras obedecen ciegamente las órdenes del titular del Poder Ejecutivo, más que las que pudiera darle el partido y, por supuesto, por encima de cualquier deber para con el pueblo, que dicho sea de paso, eligió solo a uno de ellos, pues el Sr. Camacho es Diputado Nacional, por aplicación del artículo 81 párrafo 2 de la Constitución Dominicana, y no por voto directo. De ahí que el presidente podría afirmar que no solo él es el partido, sino que también es el Poder Legislativo.
Los miembros del Poder Judicial son elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, organismo del cual el Presidente de la República no es solo miembro, sino que lo preside, sin que sea un requisito ser abogado, siendo también el jefe político directo de otros tres miembros: el Procurador General de la República, el Presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, y en cierta forma del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues renunció del PLD hace menos de un mes. Con esta trilogía de poderes, no fanfarronearía el presidente si desde su trono en el Palacio aseverara tal Luis XIV, El rey sol: ´´L’État, c’est moi.´´ (El Estado soy yo).
Esa sola persona, de cuya voluntad libérrima y personal, pende hoy toda la suerte del Estado Dominicano, entiéndase no sólo el gobierno, sino el país y la nación, tiene entonces una sola limitante al uso de todo ese poder acumulado y es nuestra Carta Magna; esto supone la existencia de un pacto social entre gobernante, gobernados y los poderes del Estado, que ya dijimos están todos en manos de una sola persona, por lo tanto, nuestra Constitución viene a ser hoy un contrato social entre el presidente y el pueblo; de ahí que no vacilo en afirmar que cualquier eventual modificación a la Constitución, con el único propósito de favorecer una nueva repostulación del mandatario, devendría en nula por ilegítima, toda vez que, ya no sería el producto de la voluntad popular que es quien la legitimaría, y más aún si el Presidente se mantiene callado, como ha hecho hasta ahora, y no es él quien la impulsa.
La Asamblea Constitutiva del año 2015 fue celebrada para darle paso a un segundo mandato del actual presidente, como en efecto se le dio, condicionado al ´´jamás presentarse´´; fue esa Constitución la que juró respetar el 16 de agosto del 2016 el reelegido presidente, de donde emana lo que la jurisprudencia nacional e internacional define como una situación jurídica consolidada, por lo que, una nueva reforma a la Carta Magna se trataría en realidad de un ardid de sus propulsores para eliminar a posteriori uno o varios artículos, en el preciso momento y contexto histórico para el cual fue creado, es decir, durante su plena ejecución, a todo lo cual se agregaría que al parecer los medios para llegar a ese fin serían necesariamente dolosos, en ausencia de pacto social y voluntad popular, la cual se ha expresado en sentido contrario.
Si la tiranía según Aristóteles es aquella en que el pueblo elige a jefes que devienen en absolutos y ejercen en forma despótica el poder; a partir de una nueva modificación de la Constitución, de ganar el actual presidente, estaría ocupando una presidencia ilegal e ilegítima, porque estaríamos en un tercer mandato a contrapelo del artículo 124 de la Constitución Dominicana, con la cual él se eligió y juró respetar.
Recientemente presenciamos la selección de un miembro activo del partido de gobierno como Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo cual como todos sabemos, es contrario a todas las normas que rigen la materia, pero irónicamente, nadie se ha atrevido a impugnar de ninguna forma tal elección, de donde infiero cierto temor a reprensión en el ambiente por parte de los gobernados; y no necesariamente al Presidente, sino a sus auspiciadores, todo lo cual me permite afirmar que nos encontramos ya en el umbral para pasar del presidencialismo a la tiranía; repito, aún si esa no fuera la intención del Sr. Presidente.
Una muestra de que se empiezan a confundir los roles y a mezclar los poderes, es la solicitud de interpelación del Presidente de la Cámara del Senado (Poder Legislativo) al Presidente y dos jueces del Tribunal Superior Electoral (Poder Judicial), porque dictó una sentencia en relación a otro partido y al parecer contraria a sus intereses. ¡Insólito! ´´Lamentablemente, la historia no hace concesiones. Si el futuro de la humanidad se decide en nuestra ausencia, porque estamos demasiado ocupados dando de comer y vistiendo a nuestros hijos, ni ellos ni nosotros nos libraremos de las consecuencias. Esto es muy injusto, pero ¿Quién dijo que la historia es justa?´´- Yuval Noah Harari.
