Washington. El gobierno de Estados Unidos confirmó ayer que a partir de mayo permitirá reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas tras la Revolución cubana, una medida que podría abrir la puerta a miles de demandas contra compañías extranjeras y a una disputa con la Unión Europea (UE) ante la OMC.
El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció la próxima activación de los títulos III y IV de la ley Helms-Burton, que todos los presidentes estadounidenses habían mantenido suspendidos desde que se aprobó esa norma, en 1996, en base a un acuerdo alcanzado con la Unión Europea.
Esa medida permitirá a los estadounidenses, incluidos los cubanos naturalizados, demandar ante cortes de EE.UU. a las compañías que supuestamente se benefician de propiedades en Cuba que eran suyas o de su familia antes de la Revolución cubana en 1959.
El cambio abre la puerta a demandas en EE.UU. contra empresas de todo el mundo, entre ellas cadenas hoteleras españolas como Meliá, Barceló o Iberostar; así como la compañía canadiense Sherritt, dedicada al sector minero.
De inmediato, la Unión Europea reaccionó diciendo que considerará “todas las opciones a su alcance” para proteger a las empresas europeas en Cuba, entre ellas la de prohibir la aplicación de sentencias de tribunales estadounidenses contra sus compañías con sedes en la isla.
“La UE considerará todas las opciones a su alcance para proteger sus intereses legítimos, entre ellas aquellas relacionadas con sus derechos en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a través del uso del ‘estatuto de bloqueo’ de la UE”, dijeron en una nota la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström.
Canadá también rechaza decisión de los EEUU
En otro comunicado de Mogherini y Malmström, junto a la ministra de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, lamentaron la decisión de EE.UU. y consideraron que tendrá un “importante impacto en operadores legítimos europeos y canadienses en Cuba”. Señalaron que la aplicación de medidas unilaterales extraterritoriales a Cuba es “contraria a la ley internacional”.
