El Tribunal Constitucional fue apoderado de un recurso de acción directa de inconstitucionalidad contra la nueva Ley Electoral 15-19, y en el Congreso sometieron una modificación a la pieza.
El recurso fue interpuesto por la Fundación Prensa y Derecho contra las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Electoral que criminalizan con penas de 3 a 10 años de prisión los delitos difamación e injuria que se cometan contra candidatos, agrupaciones y partidos políticos.
Namphi Rodríguez, presidente de la entidad, indicó que el numeral 18 del artículo 284 de la Ley 15-19 dispone que serán castigados “con penas de 3 a 10 años los que violaren las normas constitucionales, éticas y legales sobre uso de medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales”.
Sostuvo que esas penas alcanzan no sólo a quienes profieran los delitos contra el honor de candidatos y partidos políticos, sino también a quienes “elaboren, financien o compartan campañas denigrantes” con piezas propagandísticas difamantes o injuriosas contra el honor o la intimidad de los candidatos.
Adujo que se trata de una desnaturalización de la tipificación penal de los delitos contra el honor de los particulares, que actualmente son sancionados con penas de 15 días a seis meses de prisión por la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento.
Modificación a la Ley Electoral
La diputada por el PQDC, Betsaida González, sometió ante la Cámara de Diputados, una modificación a la recién promulgada Ley Electoral, que crearía una circunscripción nueva de diputados en el exterior y mandaría a una redistribución de los escaños electorales.
La circunscripción nueva sería Estados Unidos: Florida, Georgia, Alabama, Carolina del Sur y Carolina del Norte.
En uno de los considerandos del proyecto establece que se hace necesario redistribuir las circunscripciones debido al incremento significativo de la población dominicana en la Región Sureste de los Estados Unidos en los últimos años.
