La sospecha ¿podría hablarse de sospecha social? permea la sociedad dominicana a todos los niveles. Es un simple reflejo de la desconfianza. Desconfianza en las instituciones y especialmente de sus representantes, desde la cúspide a la base. Todos somos sospechosos y en tal virtud, pasibles de cualquier procedimiento.
La credibilidad en las instituciones se debilita cuando sus representantes la instrumentalizan en atención a sus propósitos, que pueden ser políticos, económicos o personales.
Como no hay límites, un representante de un poder puede proceder contra cualquiera, siempre que esté de por medio un fin conveniente.
La inseguridad campea por su fuero. El poder ilimitado arrasa contra los derechos individuales y colectivos, y en consecuencia, zozobra el derecho a la intimidad y el honor personal.
No hay garantía al respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia de las personas. Y siendo así, el honor, el buen nombre y la imagen personal están vulnerados.
Cuando se recurre a la autoridad, digamos un juez, para invadir la intimidad personal, sin un fin honestamente lícito y se usa cualquier información con intención maliciosa, se quiebra un derecho fundamental previsto en la Constitución de la República. Y se desnaturaliza un procedimiento instituido para proteger los derechos y la seguridad de las personas.
La Constitución establece que “el tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad”.
Aun en el caso de que en atención a una orden judicial se obtengan informaciones personales, su manejo, uso o tratamiento de carácter oficial recabada por las autoridades encargadas de la prevención, persecución y castigo del crimen, sólo podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos, a partir de que haya intervenido una apertura a juicio, de conformidad con la ley, según el acápite 4) del artículo 44 de la Constitución.
Pero en la sociedad donde todos somos sospechosos, sometidos a una mega lupa, en manos de más de 15 mil “informantes” del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), cualquier mandato constitucional pierde valor.
Los ciudadanos tienen derecho a una vida propia, protegida por la ley, y no pueden vivir bajo sospecha y el miedo.
