La creación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a partir de la reforma constitucional de 1994, fue un paso de avance en el fortalecimiento e independencia del sistema judicial en la República Dominicana. Así quedó demostrado con el trabajo realizado por el CNM en la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en 1997. Esto dio inicio a un proceso de reforma y modernización de la Justicia que se demandaba desde hacía décadas. En ese momento se generó una gran expectativa respecto a una transformación institucional profunda que dejara atrás las prácticas de control político de la justicia.
Con la convocatoria del CNM en el año 2001 para escoger a tres miembros faltantes de la SCJ, estas expectativas fueron frustradas. La repartición de jueces entre el PRD y el PRSC dejó un mal sabor. Se evidenció la fragilidad de las reformas y el riesgo, como quedó demostrado, de que los avances retrocedieran. La reforma constitucional del 2010 que integró al Procurador General al CNM y la convocatoria de este órgano en el 2011, confirmó la disposición de la política partidaria de capturar nueva vez la justicia. La repartición de cargos en las altas cortes entre el PLD y el PRD, con el control absoluto del expresidente Leonel Fernández, retrotrajo la institucionalidad judicial a los peores momentos de la época balaguerista.
La ilusión generada con la creación del CNM se frustró. Se suscitó una erosión casi total de la confianza en esta institución. Sin embargo, se debe reconocer que con el trabajo realizado a partir de la convocatoria del 2017, para escoger a los miembros del TSE y el del pasado año para escoger a los cuatro miembros faltantes al Tribunal Constitucional, el CNM dio un giro positivo que lo diferenció de épocas anteriores. Se ha sido testigo de un órgano más profesionalizado y apegado a la Constitución. Ha sido evidente su mayor vocación para la escogencia de jueces probos, capaces e independientes. Esto ha permitido renovar el voto de confianza en el CNM.
El que siga siendo así solo depende de los miembros de este órgano. Por esta razón, no pueden permitir que el desagradable espectáculo escenificado por el Procurador General, al entrevistar a la magistrada Miriam Germán, quede como si nada hubiera pasado. Se violó tanto el reglamento de evaluación de los jueces, como el derecho a la defensa sobre la base del debido proceso. Es al CNM que le corresponde decidir al respecto y tomar las medidas de lugar para corregir esa situación. Una correcta actuación de parte del CNM ayudará a mejorar su confianza.
