Que las financien ellos

    Quienes establecieron la realización de primarias abiertas en la ley de partidos sólo vieron la ventaja de ampliar el universo de votantes en atención a sus propósitos particulares, pero se desentendieron de las implicaciones económicas que conlleva ese método.

    El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) que sistemáticamente hizo observaciones sustantivas sobre las primarias abiertas, ahora se ve en la obligación de organizarlas sin que la ley 33-18 le provea suficiente financiamiento.

    Esa ley establece en el artículo 47 que “los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística”

    Los partidos sólo recibirán este año, cuando deben celebrarse las primarias, mil 506 millones 599 mil de pesos. Todo ese dinero no puede ser dedicado principalmente a ese fin, porque no todos los partidos utilizarán ese procedimiento de elección. Sólo lo harán el PLD de manera general y el PRD a nivel presidencial. El PRM, si bien se acogió a la simultaneidad del proceso, participará con un padrón cerrado, y en consecuencia, su costo porcentual no será tan alto.

    El artículo 45 de la ley de partidos ofrece un variado menú de opciones, entre las cuales están aquellas que resultan menos onerosas para los bolsillos de los contribuyentes, que son quienes financian sus actividades. Quienes decidieron escoger sus candidatos mediante primarias podían recurrir a las convenciones de delegados, de militantes, de dirigentes y encuestas, pero prefirieron las costosísimas primarias abiertas. Podían incluso hacerlas con padrón cerrado.

    Es un problema creado por la implantación de unas primarias abiertas que obviamente obedecieron a un plan que podría estarse quebrando.

    La racionalidad sugiere que el Estado no se embarcarse en financiarles RD$1,449 millones a un par de partidos. Que las costeen quienes armaron ese lío.

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