Los últimos acontecimientos en materia político-electoral podrían describirse a través de un relato en el que una vez más, los ciudadanos, circulando tranquilamente por la avenida sombría de la institucionalidad dominicana, son sorprendidos por una “asociación de partidos” que gritan airados: esto es un asalto, ¿el dinero o la democracia? Es eso y no otra cosa lo que indica la decisión de la JCE de otorgar a los partidos políticos el 85% del costo de las primarias simultaneas. De este costo ascendente a 1,449 millones de pesos, el órgano electoral financiaría 1,249 millones.
Este dinero es adicional a los recursos que ya aporta el Estado a los partidos políticos, conforme la Ley Electoral No. 375-97, que este año será de más de 1,500 millones. De mantenerse la decisión actual de la JCE, los partidos estarían recibiendo algo más de 2,700 millones. Esto es una vergüenza en un Estado de tanta precariedad, en el que faltan recursos para invertir en salud, vivienda e infraestructuras comunitarias. Por suerte, el rechazo generalizado a la decisión de la JCE no se hizo esperar. No solo organizaciones de la sociedad civil y grupos empresariales se opusieron a esa medida, sino que el propio gobierno, a través de Ministerio de Hacienda, dejó claro que no proporcionará nuevos recursos para financiar a los partidos políticos.
Sacar más dinero de los bolsillos de los ciudadanos para apoyar a los partidos a través de las primarias, es una violación a la ley No. 33-18, de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas. Esta ley establece en su artículo 47 que las primarias deberán ser financiadas con los recursos de los partidos que participan en ellas. Es inaceptable la excusa de que la democracia es costosa y que por lo tanto, en ella tienen que invertirse todos los recursos financieros que hagan falta. Ciertamente se debe invertir para mejorar la calidad del sistema político, pero esta inversión debe hacerse con eficiencia.
“Más dinero o menos democracia”, es un chantaje que debe ser rechazado. El financiamiento de los partidos políticos dominicanos es muy costoso en comparación con otros países de la región. Este debate debe servir no solo para revertir la decisión tomada por la JCE de subsidiar las primarias a los partidos, sino además, para revisar el mecanismo de financiamiento público de los partidos políticos. La nueva legislación del Régimen Electoral, deberá garantizar que el financiamiento del Estado a los partidos no solo se haga con mayor transparencia y equidad, sino que sea menos oneroso y se reduzcan los excesivos privilegios que reciben los partidos a costa de los contribuyentes.
