Luego de años de espera, finalmente fue aprobada la Ley 33-18 de partidos políticos, más por el interés de una facción del partido oficial de disponer la celebración de primarias obligatorias para la escogencia de candidatos como solución paliativa a las diferencias existentes en dicho partido, que por real voluntad de fortalecer los partidos y provocar un cambio en el quehacer político.
Lamentablemente el debate sobre dicha ley se enfocó en el tema de las primarias y no se profundizó la discusión de muchos otros importantes aspectos como el financiamiento, y tampoco se tomaron en cuenta las propuestas y comentarios de instituciones sobre estos.
Dado que la facción del partido oficial que respalda al presidente logró aprobar en el Senado que las primarias fuesen obligatorias, simultáneas y abiertas, la Junta Central Electoral (JCE) llamó la atención sobre el enorme costo que tendrían esas primarias y la necesidad de contar con esos recursos, el cual según presupuesto provisional de la Junta ascendería a 5,628 millones de pesos.
Esa discusión provocó que defensores de las primarias abiertas y obligatorias de distintos partidos declararan que ese costo sería deducido de las contribuciones del Estado a los partidos, lo que algunos alertamos no sería suficiente ni posible, al comparar el monto de los aportes versus los costos proyectados.
El debate sobre el tema del costo entre otras cosas contribuyó para que afortunadamente la ley no impusiera las primarias como único método de selección de candidaturas y sirvió para que en el artículo 47 de la ley se estableciera que “Los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, … para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos…”.
Según datos de la JCE el costo para la celebración de las primarias en los cinco partidos que escogieron esta modalidad, uno de estos solo para el nivel presidencial, a pesar de seguir siendo elevado se redujo a 1,449 millones de pesos, sin embargo la afirmación de que los partidos costearían estas primarias se desvaneció, y resulta que a pesar del mandato de la ley de que los recursos sean deducidos de los aportes que reciben, el acuerdo hecho público ha sido que estos apenas cubrirán doscientos millones, y que el Estado, es decir todos los contribuyentes, pagaremos 1,249 millones.
Ese costo suponemos que pudiera ser algo menor, de no haberse acordado igualmente según ha sido reseñado en los medios, modificar el reglamento de primarias para aumentar los topes de precandidatos de 10 a 15, en el caso de las candidaturas uninominales, esto es presidente, senadores, alcaldes, directores de distritos municipales y, de 3 a 64 para las plurinominales, diputados, regidores, vocales.
Según datos publicados en este año preelectoral el total de aportes a los partidos será de 1,506 millones de pesos, lo que evidencia que no era cierta la promesa de que costearían con estos las primarias. Por eso toda propuesta y decisión de Estado debe someterse al rigor de la racionalidad económica, pues es muy fácil proponer y prometer, pero mucho más difícil cumplir.
Algunos ante esta evidencia dirán que sería imposible cumplir con la ley, pero debemos recordar que no hay excusas válidas para incumplirla y que la vía para conseguir el propósito de fortalecer a los partidos no es acomodarlos eximiéndolos de cumplir con sus obligaciones y de asumir el costo de sus decisiones traspasándolo a los contribuyentes, sino por el contrario haciendo que se ajusten a los mandatos de la ley.
