La Red de Defensoría de los Derechos Humanos de Mujeres y Jóvenes presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su sede de Ginebra, Suiza, un conjunto de recomendaciones al Estado dominicano para mejorar la calidad de las políticas públicas para esta población.
El colectivo que agrupa trece organizaciones sociales, demandó acciones para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como el derecho a la igualdad y no discriminación.
De manera concreta, pidieron al Estado dominicano destinar fondos protegidos en el presupuesto nacional para garantizar la implementación del Plan de Reducción de Embarazos en Adolescentes 2019-2023.
Asimismo, exigieron implementar de forma efectiva la Estrategia de Educación Sexual Integral, conforme a los compromisos del Consenso de Montevideo y la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12) a través de la capacitación del personal docente de las escuelas públicas y privadas, conjuntamente con la asignación de los fondos necesarios para su aplicación.
En materia de violencia, la Red pidió aprobar urgentemente el proyecto de ley crea que el Sistema Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, propuesto por la presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados y asignar mayor presupuesto para su implementación.
De igual modo, pidieron despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, el embarazo es producto de violación sexual o incesto, o malformaciones incompatibles con la vida.
En el informe presentado en Ginebra, el colectivo reconoció de manera muy positiva que el Estado haya adoptado planes estratégicos dirigidos a enfrentar los altos niveles de desigualdad social y, en particular la desigualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, destacaron que persisten importantes brechas en la ejecución, lagunas legislativas y una fuerte resistencia a modificar y ampliar el marco normativo y los presupuestos públicos.
En el terreno de los derechos humanos de las mujeres alertan que continúan siendo negados por la falta de acceso a servicios de maternidad seguros, la criminalización del aborto en toda circunstancia, la legitimación de prácticas culturales nocivas como las uniones infantiles forzadas, los embarazos en adolescentes, la falta de educación sexual integral y deficiencias en la respuesta a la violencia contra las mujeres en el ámbito privado e institucional.
Las organizaciones aprecian con preocupación cómo las recomendaciones realizadas en el segundo ciclo aún no han sido plenamente implementadas.
El informe fue elaborado por 13 organizaciones y se preparó para el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) al Estado dominicano que se llevará a cabo este 30 de enero y dará cuenta de la aplicación de las recomendaciones aceptadas por el Estado durante ciclos anteriores en materia de derechos de las mujeres y jóvenes, en especial derechos sexuales y reproductivos.
La Red de Defensoría de Derechos Humanos de Mujeres y Jóvenes surge del proyecto “Articulando una red de defensoría activa de los derechos de mujeres y jóvenes”, ejecutado por Oxfam, Profamilia y el Centro de Estudios de Género de Intec con el financiamiento de la Unión Europea.
