Ciudad. La Unidad Ejecutora para la Readecuación de La Barquita y Entornos (Urbe) reanudó ayer los traslados de familias que se encuentran en la zona vulnerable del río Ozama.
Los equipos de demolición arribaron alrededor de las seis de la mañana, según informaron los moradores. También decenas de miembros de la Policía Nacional se presentaron al lugar para mantener el orden del proceso de traslado y así evitar disturbios. La actividad se desenvolvió con normalidad.
Los residentes de esta parte baja de Santo Domingo manifestaron que Urbe los “maltrata” con la presencia de uniformados con armas largas que actúan de manera amenazante. Supuestamente hubo algunas familias que se resistieron al desalojo y fueron agredidas verbalmente por parte de la uniformada.
“Yo estaba ahí cuidando de mi hijo para que no le dieran golpes y tres policías me agarraron y me arañaron toda porque yo no quería salir de ahí. A mí no me avisaron ni me entregaron papeles porque es área verde y lo van a tumbar. Me siento mal por esto porque se hace con mucho trabajo este rancho”, dijo Elsa Pérez Sánchez, residente en Los Guandules.
Otros aseguraron que no fueron notificados y que tampoco se le ha presentado una propuesta de indemnización por sus mejoras.
Igualmente, Urbe aclaró en varias ocasiones que existen familias que se mudaron en zonas de intervención posterior al censo que se realizó en diciembre de 2016 en busca presuntamente de un beneficio económico.
“La fecha de corte del padrón de ciudadanos que son parte de la intervención Nuevo Domingo Savio es diciembre 2016 y se tiene la precisión de cada una de las viviendas que no estaban y que por ende no son parte del padrón, a pesar de las advertencias y las aclaraciones expresadas por el señor presidente Danilo Medina Sánchez, refiriéndose particularmente a este caso “los vivos”, personas en la búsqueda de ser beneficiadas, construyeron posteriormente al anuncio mejoras dentro de las zonas de intervención”, sostiene Urbe en su página web.
Aún la Unidad Ejecutora no ha ofrecido de información sobre la cantidad de familias fueron desalojadas, las que estuvieron acompañados de personal del Ministerio Público. Los equipos de trabajos de la institución se mantienen permanentemente en contacto con los residentes de este sector para llevar un proceso armonioso y beneficioso para los más vulnerables, de cara al proceso de traslado que se realiza recurrentemente en Los Guandules.
Para residentes que no pertenecen al padrón
El protocolo aplicado para aquellos casos que no pertenecen al padrón se acoge al proceso legal establecido para la movilización de personas que no poseen derechos reconocidos sobre el suelo que ocupan y ameritan uso de la fuerza pública. Este proceso se realiza con el acompañamiento del Ministerio Público y las autoridades competentes. El proceso de traslado inició el pasado 29 de agosto de 2018 en Los Guandules.
