Santiago. El Edificio Profesional, que hace prácticamente tres décadas construyó el gobierno con una inversión millonaria, se cae a pedazos debido al deterioro que le afecta por la falta de mantenimiento.

De la obra, que tiene un área de construcción de 21,638.52 metros cuadrados, y un costo de RD$285,774,090.30, muchas de sus áreas son utilizadas como letrinas. La estructura ubicada en la avenida Las Carreras con calle 30 de Marzo alberga varias oficinas de gobierno, emisoras radiales, Junta Electoral y dos de las circunscripciones de Oficialía Civil.

La obra fue construida entre el período 1987-1993 en el gobierno de Joaquín Balaguer por el ingeniero Eliardo Benoit Boitel, pero a casi 30 años de su entrega, parte de los baños están destruidos, mientras un pequeño parque permanece arropado por la maleza y la basura.

Progresivo deterioro

El Centro Comercial y Profesional Las Carreras, que tiene siete pisos en su ala oeste y cinco en el ala este, con estacionamientos para 250 vehículos y 120 motores, nunca fue terminado por la compañía que tenía a su cargo dicha obra. A partir del cuarto piso carece de iluminación, y según algunos empleados, son varias las personas asaltadas allí. “Subir desde el cuarto piso hasta el séptimo hay que ser muy bravo, la oscuridad por la falta de bombillas ha permitido que se cometan atracos”, dijo un empleado que se negó a identificarse por temor a represalia.

En el gobierno de Hipólito Mejía, mediante el decreto 581-01 transfiere al Banco Nacional de la Vivienda (BNV), en forma de donación pura y simple, el Centro Comercial y Profesional Las Carreras. El historiador Edwin Espinal recuerda que se tenía previsto que el edificio alojaría los establecimientos comerciales y profesionales de la calle General López después que fuera convertida en avenida, pero que nunca paso así.

Nadie se hace responsable de hacer las reparaciones que se necesitan.

Locales se distribuyeron sin estar concluidos

En fecha 15 de agosto de 1996 se dictó el decreto número 322-96, mediante el cual se dispuso la distribución de los locales comerciales y de las oficinas, aún sin terminar, en beneficio de diversas personas físicas y morales, por un precio que no se corresponde. Algunos de los beneficiarios eran comunicadores sin aval económico para sustentar la adquisición del inmueble.

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