La sociedad debe entender el papel de las expresiones políticas minoritarias comprometidas con la democracia y consecuentemente con sus instituciones, y que accionan conforme a las reglas de juego del sistema, de manera civilizada.
Esa comprensión debe implicar la defensa de espacios que garanticen su desarrollo, y esencialmente, que les permitan crecer hasta convertirse en propuestas con vocación de poder.
Siendo así, no debe legislarse maliciosamente para limitar sus posibilidades, sino muy por el contrario, para ensancharlas creativamente.
En ese temperamento, la formal solicitud de los partidos Alianza País y Opción Democrática, de que el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) facilite la celebración de primarias entre fuerzas coaligadas, hecha en el plazo hábil, el pasado 4 de diciembre, debe ser atendida, porque contribuye a fomentar la participación, y especialmente constituye una oportunidad para estimular las propuestas emergentes que se asumen como diferenciadoras en el ejercicio político.
Esas entidades pretenden celebrar primarias abiertas conjuntas, con candidatos propios, previamente escogidos internamente según sus propios estatutos, y así convertirse en precandidatos para dichas primarias.
Como puede verse, no han pedido nada que altere el sentido de la ley 33-18, que más allá de las cuotas previstas para las alianzas, no tiene un régimen sobre las mismas, lo que sugiere que impera lo previsto en la ley 275-97.
Pese a esa petición, el pleno de la JCE emitió el reglamento para la celebración de las primarias, y no decidió nada sobre la modalidad solicitada por esas entidades.
Sin embargo, todavía hay posibilidad de considerar la solicitud y realizar cualquier reforma conveniente a ese propósito. Si acogen reglamentar la realización de primarias con la concurrencia de diferentes agrupamientos coaligados, se estaría ensanchando el escenario de participación de las organizaciones más pequeñas.
La ciudadanía tendría más posibilidades de apreciar las propuestas de quienes desde una perspectiva democrática, abogan por modelos alternativos para dirigir el Estado.
Sería una magnífica forma de fortalecer los derechos políticos, y con ellos, las garantías de participación en un escenario más competitivo.
El Pleno de la JCE debe responder la solicitud de Opción Democrática y Alianza País.
