Las imágenes transmitidas por la televisión ayer de un grupo de jóvenes lanzando excrementos al edificio de la Suprema Corte de Justicia dejaron perplejos a muchos. Una acción vandálica que fue respondida con una impresionante civilidad de parte de los policías, quienes dejaron que los autores declararan ante los periodistas, y sólo cuando terminaron sus discursos, procedieron a detenerlos. Incluso, permitieron que las dos mujeres integrantes del grupo filmaran las detenciones con sus móviles.
Su grotesca acción perseguía, según sus explicaciones, denunciar el estado de la justicia. Si sus ideas se afirmaban en la razón, la perdieron desde el mismo momento en que procedieron de manera tan indecorosa.
Manuel Robinson Morillo Martínez, Juan Antonio Martínez Paredes, Jennifer Germosén Rosario, Ángela Carolina Báez Jacobo, Cristian Ismael Jiménez Rosario, Richard Hernández Peralta y Gabriel Sánchez Rosario cometieron ese hecho bochornoso por el irrespeto extendido a las autoridades.
Ellos sabían a qué se exponían. Sin embargo, después del desaguisado, se comportaron como si no supieran que su acción es castigada por las leyes.
No faltan quienes celebran ese comportamiento, bajo el argumento de que es una forma de denunciar la supuesta descomposición del poder judicial. Ese temperamento revela también deterioro, odio, y degradación de la condición humana.
No es que ofendan a quienes llevan la administración judicial, sino que atacan la decencia, el honor y la dignidad de los símbolos de las instituciones de la República. Aplaudirlos y apoyarlos refleja un cierto estado de desequilibrio espiritual. Porque estamos ante una aberración.
Satisface que la Procuraduría General de la República proceda a someter a la justicia a esa asociación del llamado Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), que se prevalen del estado de derecho para cometer esa clase de excesos.
Hasta la bandera nacional fue embarrada, mancillada por esos insensatos. Se colocaron al margen de la ley y deben ser sancionados.
No hay que ser tan insolentes para ejercer el derecho a la protesta.
