NACIONES UNIDAS. La Asamblea General de la ONU aprobó ayer lunes por abrumadora mayoría un acuerdo no vinculante que aumenta el apoyo a los países donde vive la mayoría de los 25 millones de refugiados del mundo.
La votación fue de 181 a favor, dos en contra: Estados Unidos y Hungría, y las abstenciones de República Dominicana, Eritrea y Libia. Se prevé que la Asamblea General ratifique el Pacto Global sobre Refugiados esta semana.
El Pacto Global sobre Refugiados refuerza la responsabilidad compartida de ayudar a quienes se ven obligados a abandonar sus países debido a conflicto o persecución, y su aprobación fue celebrada por la presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa, mientras que el mismo fue calificado de “histórico” por la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohamed.
Espinosa observó que el acuerdo fue aprobado cuando 68.5 millones de personas, una cifra récord, se han visto obligadas a huir de sus hogares. Estos incluyen 25.4 millones que han cruzado fronteras para convertirse en refugiados y 43.1 millones que están desplazados dentro de sus países de origen.
Se basa en la Convención sobre Refugiados de 1951, los derechos humanos y el derecho humanitario, y prevé un Foro Global sobre Refugiados cada cuatro años.
El mismo es distinto de otro pacto no vinculante para lograr una migración segura, ordenada y humanitaria, el que fue aprobado el 10 de diciembre por casi el 85% de los 193 estados miembros de la ONU a pesar de la oposición encarnizada de Estados Unidos
Espinosa insistió en la importancia de este documento, que no tiene carácter vinculante, para respaldar a los “países de bajos y medios ingresos que acogen al 80 por ciento de los refugiados”. “La familia de la ONU y sus estados miembros no olvidarán a los refugiados o a las comunidades que los albergan”, subrayó.
Aspiran lograr mayores beneficios para refugiados
Según la agencia de la ONU para los refugiados, nueve de cada 10 viven en países en desarrollo, donde servicios elementales como la salud o la educación sufren escasez de fondos. El nuevo pacto aspira a lograr mayores inversiones de los gobiernos y el sector privado en infraestructura y servicios que beneficien tanto a los refugiados como las comunidades anfitrionas.
