El urbanista Eric Dorrejo dijo que los cabildos descuidan la tarea de regulación de uso de suelo en sus territorios La tragedia del pasado miércoles en la fábrica de plásticos PolyPlas en el sector de Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional, es el resultado de la inacción, la desregulación y la ausencia de fiscalización en el territorio por parte de los ayuntamientos.
La afirmación es del urbanista Eric Dorrejo, quien destacó que, paradójicamente, el país, y en especial, la capital, ha involucionado en la medida que se han ido fortaleciendo las estructuras municipales, ya que cada vez menos los ayuntamientos se ocupan de las tareas que le son propias para establecer reglas claras de ordenamiento y evitar la incompatibilidad de uso de suelo.
Dorrejo dijo que aunque originalmente la zona donde ocurrió el desastre tenía una permisología orientada básicamente a la industria, la población comenzó a crecer y los cabildos comenzaron a dar permisos para viviendas, sin tomar en cuenta los riesgos que ello conlleva.
Señaló que mientras la densidad poblacional del país es de 89 habitantes por cada kilómetro cuadrado, en el Distrito Nacional es de 10 mil, y en el caso de Villas Agrícolas, con una extensión territorial de apenas 1.3 kilómetros, se eleva a 20 mil.
“Cuando la administración municipal entiende que una zona, cuya vocación principal cambió tiene que cambiar los usos de suelo que ahí se están asignando para industria. No permitirlo más. Por eso, parte de las discusiones que hay es que la revisión de los instrumentos tiene que ir acompañada de herramientas que permitan dar garantías y facilidades a las industrias para que puedan transformarse, moverse o para que puedan mejorar los estándares de seguridad ante su localización en una zona eminentemente residencial, y eso es lo que está sucediendo ahora mismo, que la ciudad completa se está utilizando con una diversidad de usos que lamentablemente está provocando serios problemas”, explicó.
Sostuvo que el “ABC” del ordenamiento territorial establece claramente cuáles actividades no pueden estar vinculadas, o en el mismo radio de acción y una de ellas son las industrias altamente nocivas, las cuales no pueden estar próximas a viviendas, centros de salud y escuelas.
Deploró que aunque el capítulo III del reglamento de la Ley de Hidrocarburos establece que ninguna estación de servicio, expendio de grasas y aceites lubricantes, depósito para consumo propio y plantas envasadoras de GLP podrá instalarse a menos de setecientos 700 metros de centros educativos, en la zona del desastre se han construido cinco escuelas y tres estancias infantiles.
Explicó que de los 156 ayuntamientos, solamente la circunscripción uno del Distrito Nacional y el casco urbano de Santiago cuentan con una ordenanza municipal aprobada para uso de suelo, y que en el resto del territorio las decisiones se toman de manera discrecional por los directores de planeamiento urbano.
Dijo que en el caso del Distrito Nacional, el instrumento o zonificación indicativa se limita a regular altura, densidad y linderos, y su creación se basó en el comportamiento del mercado y no de una planificación de lo que la ciudad quería lograr con su territorio.
“Ante esa ausencia de instrumentos y de regulación, va a suceder esto que sucedió ayer. La incompatibilidad de uso de suelo trae tragedia”, dijo.
Dijo que los marcos legales que abordan la materia, como la Constitución, la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley de Municipios y la Ley de Medio Ambiente, se quedan en simples declaraciones de intenciones, lo que da pie a que cada alcaldía lo interprete a su manera, de ahí la importancia de que se apruebe la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo y Asentamiento Humano.
Traslado se discutió en 1988
El tema de las operaciones industriales en las zonas urbanas ha sido una preocupación por más de tres décadas, aunque el fundamento ha sido el aspecto ecológico por la contaminación que provocan
las industrias. En octubre del 1988 el entonces presidente, Joaquín Balaguer sometió al Congreso un proyecto de ley para que las industrias que operaban en la zona urbana fueran trasladadas a “zonas adecuadas”.
La propuesta, que creó gran revuelo en el sector industrial, pues implicaría el traslado de alrededor del 80% de las industrias en operación en ese momento, no prosperó en el Congreso y un año después Balaguer, dijo que la iniciativa había chocado “con los sectores poderosos” que se le oponían.
Empresariado se opuso a proyecto de traslado
Los principales dirigentes empresariales de la época plantearon las dificultades que conllevaría para las industrias, pues el proyecto daba un plazo de dos años para el traslado de sus instalaciones. El entonces presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Silvestre Aybar, dijo que de aprobarse la ley de reubicación industrial, el sector se descapitalizaría. El entonces presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), George Arzeno Brugal, dijo que el sector industrial del país no estaba en capacidad de producir un traslado masivo de las empresas que en ese momento estaban en las zonas urbanas y que hacerlo provocaría una cesantía masiva de obreros y empleados. El entonces presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Luis Sanchez Noble, planteó que en vez de buscar traslado de industrias el Estado debía otorgar préstamos blandos a las industrias que producen tóxicos para que instalaran filtros para impedir la contaminación ambiental.
