La decisión tomada por las autoridades de iniciar de manera “provisional” el seguro familiar de salud en el régimen contributivo violentando por resolución este mandato para complacer a médicos y clínicas, a la vuelta de más de once años no solo ha puesto en serias dificultades el equilibrio financiero de este seguro, como algunos denunciamos sucedería, sino que ha desnaturalizado los objetivos de la ley.
La Ley de Seguridad Social dispone que habrá un nivel de atención primaria como puerta de entrada a la red de servicios, el cual deberá estar centrado en “la prevención, en el fomento de la salud, en acciones de vigilancia y en el seguimiento de pacientes especiales”, y precisamente esto es lo que nos ha faltado, un enfoque de prevención que contribuya a mejorar el perfil de salud de nuestra población.
Aunque los afiliados gozan en virtud de la ley del derecho a la promoción de la salud y prevención de las enfermedades, y de que la Constitución vigente consagró el derecho a la seguridad social como un derecho fundamental, sabemos que la realidad es otra, y que en materia de salud como de transporte público y otras, los ciudadanos están a la merced de gremios que solo buscan preservar sus intereses y que por sus amarres políticos han logrado que sus designios se impongan en violación de la Constitución y la ley, así como en perjuicio de los bolsillos de la gente.
Si a la fecha no ha sido implementado el primer nivel de atención la responsabilidad principal es de las autoridades, porque los empleadores y trabajadores han reclamado la necesidad de su entrada en vigencia y múltiples resoluciones han sido dictadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) para su inicio, lo que demuestra que el problema del sistema de seguridad social no es el derecho a veto que concede la ley a los tres sectores principales, gobierno, empleadores y trabajadores, como injustificadamente alegan algunos; sino las irracionales e ilegales posiciones de actores del sistema y la falta de capacidad para regular y de voluntad para tomar las decisiones necesarias de las autoridades.
Estudios demuestran que en países de la región en los que se ha implementado la atención primaria se han experimentado notables mejorías, como es el caso de Costa Rica, país en el cual por cada cinco años transcurridos tras su implementación, la mortalidad infantil y la de los adultos se redujeron en 13 y 4 por ciento.
En un nuevo intento por iniciar la atención primaria el CNSS mediante Resolución 431-02 del 19 de octubre de 2017 instruyó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales someter en un plazo de tres meses una propuesta para la implementación de las estrategias de atención primaria y del primer nivel de atención como puerta de entrada a los servicios del Plan Básico de Salud del Seguro Familiar de Salud, la cual finalmente fue sometida a consideración del CNSS a finales de octubre.
De inmediato resonaron las mismas voces de oposición del Colegio Médico y la asociación de clínicas, que nuevamente intentan colocar sus temores de perder ingresos por encima de la urgente necesidad de que se cumpla con el mandato legal para beneficio de todos los afiliados y la sostenibilidad del sistema.
Las autoridades deberán demostrar si finalmente están decididas a avanzar en el sentido correcto, escuchando a todos los sectores, acogiendo todas las propuestas de modificación que sean pertinentes y aplicando con firmeza la ley para beneficio de la salud de los afiliados; o si dejarán otra vez que, por amiguismos, intereses políticos o desidia, los opositores de la atención primaria logren sus malsanos propósitos de posponerla eternamente.
