El escándalo de corrupción en la Federación Dominicana de Fútbol, cuyo ex presidente fue declarado culpable de violar el Código Ético de la FIFA, imponiéndosele una suspensión por diez años para todas las actividades relacionadas con el fútbol así como una multa, es una muestra más de que la corrupción anda por sus anchas en el país y que los casos solo son investigados y sometidos a la justicia cuando surgen circunstancias excepcionales, como el asesinato de personas o investigaciones foráneas.
A pesar de que las denuncias sobre las prácticas corruptas en dicha Federación fueron presentadas en la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y de que la misma realizó hace más de dos años allanamientos como parte de su investigación, a la fecha ninguna acción judicial ha sido iniciada y ni siquiera se ha presentado un informe sobre la investigación realizada.
Lo peor es que de no haberse llevado esas denuncias al seno de la FIFA, probablemente quien había dirigido esa Federación por más de 25 años la hubiese seguido dirigiendo, como lo siguió haciendo a pesar de estas denuncias y aspirando a cargos públicos, así como a ocupar puestos de dirección en su partido el PRM.
La muy negativa práctica en nuestro país de que las denuncias de corrupción, ya fuere por investigaciones periodísticas o expedientes enviados al PEPCA por instituciones del Estado como la Cámara de Cuentas o por particulares, no generen investigaciones y sometimientos judiciales, o que en los pocos casos llevados a la justicia por el Ministerio Público el resultado sea el archivo de los mismos; ha permitido que personas corruptas se mantengan ocupando cargos públicos o aspirando a ocuparlos ejerciendo descaradamente un activismo político.
Los hechos revelados en el informe de la FIFA de nepotismo, enriquecimiento ilícito, conflictos de intereses, sobornos, están omnipresentes no solo en los casos que de alguna manera han sido denunciados, sino en muchos otros que son solo parte del rumor público porque nadie se ha decidido a presentar la denuncia.
Y este pernicioso modelo corrupto no solo es en el sector público, lamentablemente se ha expandido a gremios, colegios profesionales, asociaciones sin fines de lucro, cooperativas, etc., en los que en muchos casos al igual que como sucedió en el fútbol, la militancia política de sus dirigentes, la eternización de algunos en sus puestos y la falta de controles han desvirtuado y desacreditado esas instituciones.
Por eso en este país muchos están dispuestos a lo que sea para ocupar cargos públicos, ya fuere a gastar sumas irracionales o a ejercer actos de violencia y hasta asesinatos, pues de lo que se trata es de buscar prebendas, privilegios, inmunidades e impunidades.
Nuevamente ha quedado evidenciada la falta de voluntad de las autoridades para sancionar la corrupción, pero también el irresponsable amiguismo con que actúan los partidos a los que pertenecen los sindicados por corrupción, manteniendo en sus filas esas personas y muchas veces recibiéndolas cuando migran de un partido a otro o de una tendencia a la otra.
Mientras las declaraciones patrimoniales de los funcionarios se presenten discrecionalmente y sin que haya un cotejo de las mismas con sus declaraciones de renta personal o pagos de impuestos, mientras los escándalos de corrupción no sean investigados con eficiencia y profundidad para someter a la justicia a los implicados y estos reciban las sanciones correspondientes; las instituciones del Estado y otras de carácter mixto que manejen recursos seguirán siendo asaltadas por desaprensivos que se adueñarán de estas para desfalcarlas, y lo más lamentable, seguirá deteriorándose la confianza en las instituciones y extendiéndose el radio de acción de la execrable corrupción.
