Nueva vez el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán, advierte sobre un actor que podría impactar negativamente el montaje de las elecciones de 2020. Como principal responsable del sistema electoral, está en la obligación se trabajar para garantizar que el proceso se lleve a cabo sin mayores inconvenientes.

Antes había advertido acerca del establecimiento de las primarias abiertas y simultáneas, pero los políticos con capacidad decisiva en el Congreso Nacional aprobaron la ley de partidos con un menú de conveniencia, al margen de lo que pensara el organizador de las elecciones.

Ahora Castaños Guzmán reitera su criterio de que la aplicación del voto preferencial en el nivel municipal tiene sus imponderables y favorece que el mismo sea desestimado para las elecciones próximas, o postergado para el 2024.

No está de más recordar que la preocupación del presidente de la JCE hace tiempo fue adelantada por responsables del Tribunal Superior Electoral (TSE), por el potencial de conflictividad.

El presidente de la JCE reconoce el reto que significa un escenario de unas elecciones municipales con miles de candidatos. El mandato de la ley arrastra también a funcionarios elegibles de los distritos municipales, es decir, los vocales de las juntas distritales.

Se ha previsto que el voto preferencial en el nivel municipal podría incrementarse en más de cien por ciento. Los regidores son 1,164, e igual número de suplentes en los 158 municipios, más 720 vocales en 234 distritos municipales. No es poca cosa.

Pero el voto preferencial está instituido en la ley 157-13. En el artículo primero expresa: “Se instituye el sistema de voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, los regidores y regidoras de los municipios y los vocales de los distritos municipales”.

En un panorama tan sensible como el actual, difícilmente la JCE tome semejante resolución, y en algún momento habrá que acudir al Congreso, donde nada se resuelve fácilmente. Cualquier iniciativa puede permanecer en las cámaras hasta 20 años, si de por medio no está la voluntad del principal eje de poder del país.
De todas formas, la advertencia está hecha. Quizás encuentre eco en algunas mentes sensatas.

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