Washington, DC. Donald Trump, aseguró ayer que quiere poner fin al derecho a la ciudadanía para los nacidos en el país, lo que ha suscitado numerosas críticas y supone un aumento de su tono antiinmigración, en medio de la campaña de las elecciones legislativas del 6 de noviembre.
”Somos el único país en el mundo donde una persona viene y tiene un bebé, y el bebé es esencialmente un ciudadano de Estados Unidos durante 85 años, con todos los beneficios”, indicó Trump en una entrevista con el diario digital Axios, donde dijo que esto “tiene que acabar”.
El mandatario obvió que, aparte de EE.UU., hay una treintena de países alrededor del mundo que otorgan la ciudadanía a los nacidos en su territorio, como Canadá.
Las palabras de Trump retoman una de sus propuestas contrarias a la inmigración de su campaña para los comicios presidenciales de 2016 y se une a otras medidas recientes como el envío de más de 5.000 militares a la frontera con México para hacer frente a la llegada de inmigrantes indocumentados.
“Siempre me han dicho que necesitaba una enmienda constitucional. ¿Y sabes qué? No hace falta (…) Ahora dicen que puedes hacerlo solo con una orden ejecutiva”, apuntó Trump, quien no ofreció detalles sobre el plan y se limitó a señalar que lo había analizado con sus asesores legales de la Casa Blanca.
La decimocuarta enmienda de la Constitución, aprobada en 1868, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en EE.UU., y sujetas por tanto a su jurisdicción, son ciudadanos de EE.UU. y del estado en el que residen”.
Dicha enmienda comenzó su proceso de aprobación en 1866, un año después del fin de la Guerra Civil (1861-1865), y buscaba entre otros aspectos conceder el estatus de ciudadano a los antiguos esclavos afroamericanos, que ya habían sido liberados.
Trump aseguró que puede acabar con ese precepto mediante una orden ejecutiva, pero parece improbable que esta vía prospere, ya que el artículo 5 de la Constitución estipula que cualquier modificación de la Carta Magna -las enmiendas ratificadas ya son parte de esta- no puede ser emprendida por el mandatario sino por una amplia mayoría legislativa o de las legislaturas estatales.
