“En anticipación a la decisión del Fondo (aprobación del Acuerdo de Facilidad Ampliada el 21 de enero de 1983), el Gobernador del Banco Central, Lic. Bernardo Vega, había celebrado la primera reunión para la renegociación de la deuda externa con los representantes de los bancos acreedores en New York…El Comité (de los bancos) preparó una contra oferta mucho más limitada que contenía el refinanciamiento de las cartas de crédito pendientes de pago hasta el 30 de noviembre de 1982, mediante una línea de crédito para el Banco Central y los pagos de capital que vencieran entre diciembre 1ro. de 1982 y diciembre 31 de 1983.” (p. 48-49)

“Como era de esperarse, esta oferta estaba muy lejos de lo que aspiraba el Banco Central, debido a la estrecha cobertura si se comparaba con el inmenso problema que representaba el servicio de la deuda externa privada y pública…en la minuta que habían preparado los banqueros para la próxima reunión que celebraría el Comité, apareció por primera vez como condición para el refinanciamiento, que tan sólo se cubrirían aquellas deudas públicas y privadas para las cuales se hubieran depositado pesos en el Banco Central.” (p. 49-50)

“El Banco Central entendía que el refinanciamiento de la deuda a los niveles que se estaban discutiendo de US$621 millones era conveniente por muchas razones… El argumento substancial esgrimido por le Banco Central consistía en que la República Dominicana era el único deudor al que se le estaban concediendo la conversión de cartas de crédito vencidas en deudas a largo plazo.” (p. 50)

“Sin embargo, los abogados de los acreedores persistieron durante el curso de la reunión en que la operación debería ser aprobada por el Congreso ya que el nuevo deudor sería el Banco Central y que el Estado figuraría como Garante. Los abogados extranjeros buscaban un nuevo deudor y un garante, y ese aspecto de la operación era para ellos de la mayor trascendencia, esto es, la conversión de la deuda privada externa, contraída por el sector privado mediante cartas de créditos a través de la banca comercial, en obligaciones del Banco Central con la garantía del Estado…Nosotros estábamos conscientes de que en toda la América Latina, el reconocimiento de la deuda privada por el Estado o sus organismos oficiales era de uno de los problemas más difíciles, porque los acreedores exigían garantías de pagos en divisas que los particulares no podían ofrecer. De ahí que, ellos argumentaban que la República Dominicana sería el único país de la América Latina en obtener un refinanciamiento de la deuda comercial vencida y asignadas por cartas de créditos, como si esto fuera un gran logro para nosotros, cuando en verdad les eliminaba a ellos pérdidas por el riesgo cambiario en que habían incurrido mediante la posible variación oficial en el tipo de cambio.” (p.52)

“Mientras nuestra posición se hacía más difícil, nos llegaban noticias de la firma Montagu de Londres, mediante un telex dirigido al Banco Central, de que el sector privado en algunos países de América Latina fueron forzados a refinanciar sus deudas debido a que los gobiernos habían suministrado divisas a tipos de cambio prohibitivos, o porque las divisas serían concedidas a tipos más favorables si la deuda era refinanciada. Informaban además los personeros de Montague que ‘los bancos están en posición más débil al argumentar que las cartas de crédito vencidas deben tener garantía del Estado. El Banco Central ya ha hecho una concesión significativa al acceder a refinanciar las cartas de créditos vencidas y al declarar que está preparado a refinanciarlas como obligaciones del propio Banco.’ Creo que no se le dió la importancia que tenía la opinión de estos asesores, los cuales estaban destacando con mucha propiedad un aspecto muy fundamental de la renegociación, que era el relativo al tipo de cambio al cual deberían reconocerse las obligaciones del sector privado. Se advertía que los acreedores externos del país estaban temerosos de una devaluación y para ellos era prioritario la conversión de las obligaciones de pesos a dólares del Banco Central, y a su vez, obtener la garantía del Estado. Siendo así, existía un elemento de negociación para el país que podía ser aprovechado, para obtener mejores términos y condiciones. Pese a esa realidad, no se le dió la trascendencia que tenía ese tema… El Banco Central asumió de ahí en adelante la responsabilidad total de la negociación y no consultaba al Equipo Económico sobre el proceso.” (p.53-54)

“Los funcionarios del Banco Central sabían que la llamada ‘flotación’ iniciada por el Banco Central era muy relativa, ya que el Banco continuaba garantizado a la banca comercial la apertura de cartas de crédito a la par (RD$1.00 = US$1.00) y persistían muchos rubros de importación, además del petróleo, con tipos de cambio preferencial otorgados por esa institución. En ese período el Banco Central seguía una política indescifrable y en muchos casos cuando la banca comercial extranjera se negaba a abrir cartas de crédito a particulares, el Banco les otorgaba su garantía. La misión del Fondo Monetario que arribó al país a principios de febrero (1984), encontró precisamente lo que a simple vista no percibía el Equipo Económico y era que la institución continuaba acumulando atrasos en divisas…” (p.72-73)

“El Equipo Económico en su mayoría se volcó contra la política monetaria que se venía siguiendo, al entender que no se podía continuar sacrificando a las clases mas necesitadas y que los ajustes tenían que ser compartidos incluyendo a los estratos de mayores ingresos. Se cuestionaba con precisión el mantenimiento de los privilegios recibidos por importadores e industriales a través de la paridad legal del peso frente al dólar y los pagos que venía realizando el Banco Central mediante cobranzas y cartas de crédito…Afloraba además, en las discusiones, las ventajas que se le habían reconocido al sector empresarial privado y a toda las banca comercial del país, al haber asumido el Estado como deuda propia, todas las obligaciones con el exterior, cuya amortización de principal y pago de intereses había logrado obviar dicho sector en virtud del acuerdo suscrito con la banca extranjera privada en 1983. Entre otros argumentos se señalaba también que los importadores beneficiados con divisas a la par hacían un uso abusivo del crédito local, al realizar importaciones de mercancías y materias primas que vendían a precios especulativos aprovechándose de un tipo de cambio ficticio que les favorecía para incrementar aún más sus ganancias. No era de extrañar en consecuencia, que el Banco Central hubiera acumulado atrasos comerciales a fines de abril (1984) por más de US$256.6 millones de dólares.” (p.101-102)

“El Lic. Decamps en su calidad de vocero del grupo fue quien hizo uso de la palabra y argumentó sobre la necesidad de sanear la posición financiera y cambiaria del Banco Central. Sus argumentos chocaron con los del Gobernador del Banco, quien…señaló que él no aprobaba el proyecto de Resolución (de la Junta Monetaria) y que votaría en contra de la misma…La resolución fue aprobada por mayoría de votos. La prensa no lograba advertir que, entre los objetivos perseguidos por el equipo económico, estaba disminuir los pasivos del Banco Central de US$256.8 millones a US$96.1 millones… Los sectores opuestos a las medidas, encabezados por los industriales y comerciantes entendían que los sectores afectados tendrían que erogar RD$401.7 millones en lugar de RD$160 millones que tenían presupuestado para cubrir compromisos pendientes… Pero lo que sucedía en este momento era que la situación del país no resistía más decisiones antojadizas y sectarias… En esta etapa se puso al descubierto ante la opinión pública que el Banco Central se mantuvo abriendo y honrando cartas de crédito en dólares sin capacidad para responder al incremento de las obligaciones en moneda extranjera que se venían acumulando…Como era de esperarse, el 14 de mayo, apenas tres días después de la histórica reunión de la Junta Monetaria, el Presidente de la República decidió designar al Lic. José Santos Taveras, Gobernador del Banco Central…” (p.103-104)

“La sustitución de Bernardo Vega de la Gobernación del Banco Central era más que obligada, ya que había fracasado el Acuerdo de Facilidad Ampliada….creándose una situación de incredulidad en los organismos externos hacia el país…Los atrasos acumulados por US$256.8 millones de dólares en cartas de crédito, crearon a su vez, un ambiente extraño de incredulidad tanto localmente como a nivel externo en torno a la actuación del Banco Central.” (p.104-105)

Los párrafos anteriores están tomados del libro Memorias del Ajuste de una Economía en Crisis, de Milton Messina, 1988, Asesor Económico del Poder Ejecutivo durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco y, en consecuencia, testigo de primera línea sobre el proceso de conversión en deuda pública, de la deuda comercial privada originada en cartas de crédito a la par. El pasado martes 9 de octubre, Eduardo García Michel, un testigo de segunda línea al que le tomó 30 años responderle a Milton, argumentó en Diario Libre que esa no era una deuda privada, sino del Banco Central. Para este último testigo, el culpable de esta aberración fue Dios. Según él, Dios, desde la Junta Monetaria, decidía las empresas y sectores a ser beneficiados con divisas a la par. He buscado y no he encontrado el Decreto en el cual Jorge Blanco designó a Dios en la Junta Monetaria. Si aparece, reconoceré que la deuda no tiene origen privado, sino divino.

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