Las llamadas empresas de servicio, sobre todo las telefónicas y de electricidad tienen en el país patente de corso, porque engañan, juegan y, a veces hasta estafan a los usuarios sin que ninguna autoridad se disponga a frenarlas.

Lo más grave ocurre con las telefónicas, especialmente la pionera, que cree que todavía pueden cambiar oro por espejitos y hacen lo que quieren con los planes de cable, telefonía, internet y todo lo que el espectro comunicacional les permite con la anuencia cómplice del Estado.

Cuando se solicita un servicio son atentos, pero cuando usted asume la responsabilidad, ya sea por un contrato o por un recibo, se convierte en víctima sin derecho a reclamo y sujeto a la burla de extranjeros y criollos colocados abusivamente en sus nóminas.
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), creado mediante ley para resolver los conflictos y disminuir esos abusos, parece que se ha convertido en su socio y los reclamos de los usuarios tienen pocos oídos.

Todos los servicios son del Estado, la radio, la telefonía, la televisión, la Internet y lo que del espectro se derive, pero la gula de los impuestos no deja que la autoridad se imponga, se cumpla la ley ni que el ciudadano tenga derecho a recibir correctamente el servicio por el cual paga.

Es hora de que el Gobierno llame la atención de Claro, Altice, Viva y de cualquier otra empresa de telefonía y de las eléctricas, para impedir que cobren por un servicio que no brindan y que hagan los que les da la gana con los derechos y la dignidad del usuario.
El Indotel tiene que jugar su rol y tomar control de las ofertas engañosas que rebosan la paciencia de los usuarios o el Estado, como corresponsable, también pagará las consecuencias de su permisividad y complicidad con esas empresas que solo vienen a saquear el país.

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