El gobierno actual ha entregado 526 “farmacias del pueblo” distribuidas en todo el país, con la finalidad de ofrecer a los pobres acceso a medicamentos esenciales e insumos sanitarios a bajo costo.
Si bien es cierto que esta iniciativa, llevada a cabo en el cumplimiento estricto de normas como la Ley General de Salud, resulta muy beneficiosa para una parte de la población dominicana, no menos cierto es que no es suficiente en relación con todo lo que hace falta en el país para resolver el poco acceso que aún tienen muchos dominicanos a ciertos medicamentos que son para ellos fundamentales.
Por ejemplo, existen en República Dominicana numerosas empresas con capacidad de fabricación y abastecimiento para el mercado local completo de casi cualquier tipo de medicamentos. Sin embargo, a un sector que nunca se le ha privilegiado con incentivos particulares, se le establecen por leyes y reglamentos una serie de disposiciones excesivas que cada vez le imponen más trabas sin tomar en consideración las consecuencias que esto conlleva para quienes consumen medicamentos.
Además, está el problema de aquellos productos farmacéuticos que son muy caros porque las empresas que los venden de forma exclusiva son titulares de patentes de invención que en la práctica en nuestro país confieren todas las ventajas de un monopolio. No obstante, ha obviado la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi), que tiene a su disposición mecanismos como las Licencias Obligatorias para autorizar que otras empresas, en circunstancias muy especiales establecidas en la Ley de Propiedad Industrial, vendan los mismos medicamentos a precios significativamente inferiores. En este sentido, una forma del sector público mostrar que la revolución en salud es una prioridad sería poner en marcha un plan de emisión de licencias en casos de interés público o incluso de emergencia nacional. Un ejemplo de un caso de este tipo lo constituye, sin lugar a dudas, la necesidad actual de poner a disposición de toda la población, a precios más bajos, los medicamentos necesarios para tratar la hipertensión arterial que está afectando a tantas personas.
Por otro lado, si el Ministerio de Salud Pública no ha sido muy eficiente en la prevención y lucha contra la falsificación de medicamentos, la venta de muestras médicas adulteradas y la venta de medicamentos vencidos, debe preocupar la alta vulnerabilidad que tienen estas farmacias dirigidas a un público que por sus condiciones socioeconómicas ha sido históricamente ignorado. Por ello, se hace necesario que el Estado ofrezca ciertas garantías de seguridad a los consumidores que hasta ahora no ha podido ofrecer.
Este tema es sumamente delicado porque involucra el fundamental derecho a la salud. Por tal motivo, debe prestársele mayor atención para que los planes que se ejecuten sean más efectivos que atractivos.
