A pesar de que entiendo y siempre he defendido la crucial importancia del mecanismo de la protesta pacífica en todo sistema democrático y de manera particular en un país como el nuestro, creo que muchas de las convocatorias que se han estado realizando para marchas, reclamos y demás han carecido de profundas propuestas de fondo, y si a eso se le suma el rol tímido que por el momento está jugando la oposición política en República Dominicana, lo cierto es que las citadas actividades, al igual que las preocupaciones de los que se quejan, no están teniendo un impacto conducente a lograr algún tipo de mejoría o cambio como el que en principio alegan buscar.
Situaciones como la carga fiscal en el país, con medidas incómodas y muy desagradables porque nos obligan a pagar muchos impuestos con un salario relativamente bajo, son lógicamente rechazadas por una gran parte de la población que por momentos se siente ahogada y exprimida, pero son realidades con las que lamentablemente tenemos que lidiar y lo que nos toca es seguir pidiendo a nuestro Gobierno y a sus funcionarios que, si los ciudadanos comunes nos sacrificamos por el Estado, ellos también deben cumplir su cuota de sacrificios.
Los movimientos sociales, los grupos juveniles y en general ese segmento de la sociedad civil dominicana que al día de hoy está jugando un muy trascendental papel de contrapeso al Gobierno, deberían orientar sus esfuerzos a exigir mayor transparencia, ser vigilantes de la necesaria responsabilidad fiscal, velar por el cumplimiento de las promesas del Presidente Danilo Medina (especialmente aquellas relativas a temas básicos como seguridad ciudadana, educación, salud e inclusión) y en general ser más activos en un rol propositivo.
Si esos grupos acompañan sus protestas de propuestas alternativas serias (no populistas, sino realistas, objetivas y bien fundamentadas) para ofrecer al Gobierno la posibilidad de, en el corto plazo, cumplir con sus compromisos con la calidad de la educación, aumentar la inversión en salud pública, dar respuestas efectivas a un 12% del país que al día de hoy padece algún tipo de discapacidad, ejecutar en su totalidad los postulados de la Ley de Seguridad Social, realizar necesarias ejecuciones presupuestarias, en algunos casos, y aumentos presupuestarios, en otros, a instituciones específicas que por la naturaleza de sus funciones los necesitan, entre otras medidas imprescindibles y que sin dudas no pueden esperar, entonces ganarían la legitimidad y la calidad moral para protestar todos los días si quisieran y para ser respetados por las autoridades y apoyados por el pueblo. Sin embargo, mientras las quejas no vayan de la mano con una actitud proactiva y la presentación de opciones reales y posibles, es difícil separar la expresión democrática de la simple necedad.
